Con motivo del inicio de los foros públicos del Parlamento Abierto para discutir la iniciativa de reforma eléctrica, la Secretaria General del PRD, Adriana Díaz Contreras llamó a las y los participantes a incorporar un enfoque de derechos humanos en la discusión.
Consideró que si bien es relevante el análisis económico, administrativo y constitucional, lo más importante es centrar la discusión en torno a la dignidad humana en el acceso a los servicios básicos, como es a la energía eléctrica presente y futuro.
Díaz Contreras señaló que esta nueva discusión de la reforma eléctrica debe orientarse en dar viabilidad al desarrollo sostenible del país para los próximos años, lo que implica promover la inversión en infraestructura no sólo para la generación y transmisión, sino también para su consumo. Por ello, exhortó a debatir sin ideologías obsoletas ni bajo una visión empresarial a ultranza.
Para Adriana Díaz, la energía eléctrica como un derecho humano implica que todas las personas puedan tener acceso oportuno y asequible. Por lo que, la discusión no debería circunscribirse en cómo aumentar el control del Estado o disminuir al sector privado, sino en las implicaciones que tiene la energía para el desarrollo de las actividades productivas y cotidianas.
Te puede interesar: Otorgan a Javier Duarte nueva suspensión contra orden de aprehensión
Recordó que el PRD mantiene actualmente una lucha de resistencia civil, debido a las altas tarifas del servicio eléctrico doméstico en Tabasco. Pero, señaló que esta problemática existe en todo el país por la mala gestión de la CFE. “La energía eléctrica asequible, implicaría reconocer un mínimo de consumo a bajo costo, una tarifa social, por tratarse de un bien fundamental dentro de la canasta básica”, expresó.
La Secretaria General del PRD opinó que, en el debate no se pueden hacer a un lado los avances de la ciencia y tecnología, los retos medioambientales y las necesidades de renovar nuestra infraestructura para el desarrollo futuro del país. Por ello, consideró necesario una justa y equilibrada participación entre el Estado, sector privado y consumidores.
JC