El DIF nacional investigará a fondo cómo el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez obtuvieron un “permiso de convivencia familiar” o “adopción temporal” para sacar a un bebé del centro de asistencia social Capullos, el fin de semana pasado.
Informó que desde el sábado 15 de enero, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA) requirió a su sede en Nuevo León información sobre el supuesto “proceso de adopción por un fin de semana” o algún otro medio alternativo de cuidado familiar que justifique que el menor quedara bajo el cuidado del matrimonio.
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“Se requirió a la PFPNNA de Nuevo León para que, en el ámbito de su competencia, emprenda las acciones administrativas y jurisdiccionales necesarias para proteger los derechos vulnerados del niño”, precisó en un comunicado.
Detalló el DIF nacional que se otorgó un plazo de 72 horas a la Procuraduría en NL para recibir la información solicitada, realizar el análisis y determinar las medidas que procedan.
“Al mostrar en un video el rostro del niño de cinco meses de edad en las redes sociales del mencionado matrimonio y luego de que éste fuera replicado por algunos medios de comunicación, además de revelar su nombre y los problemas de salud que enfrenta, existe una clara vulneración de derechos (a la intimidad y a la protección de datos personales), reconocidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuya observancia es obligatoria en todo el país”, precisó.
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LO EXHIBEN EN INSTAGRAM
El pasado fin de semana, el mandatario neoleonés y su esposa compartieron fotos en sus redes sociales, donde presumieron que convivirían con el menor. “Pedí un permiso de convivencia familiar, ya que ese se da cuando ya hay un vínculo entre el niño y la familia(…)”, escribió Mariana Rodríguez.
La Red por los Derechos de la Infancia en México señaló este lunes que “sin importar que detrás de estos hechos pudiera haber una aparente motivación humanitaria, es fundamental recordar que niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y que es obligación del Estado, y de sus representantes, velar por estos derechos en primer término”.
LEG