Familias del ejido José María Pino Suárez, en el municipio de Tulum, Quintana Roo, exigieron al presidente del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar, se imparta justicia plena contra quienes intentan despojarlos de su patrimonio como resultado de una larga historia de fraudes inmobiliarios.
Joel Tovar, María Isabel Caro, Columba Archundia, Rodolfo Sosa, Lea Tun Cauich y Juan Tun Miss, representantes de los ejidatarios, solicitaron al también ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se emitan resoluciones apegadas a Derecho en los amparos directos 545/2021 y 564/2021, ante “la fuerza económica y política de los empresarios” que pretenden quitarles su patrimonio.
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Los afectados, señalaron en un comunicado, que “tienen temor fundado de que se vuelva a imponer la fuerza económica y política de empresarios regiomontanos, y los tribunales colegiados Tercero y Primero del Vigésimo Séptimo Circuito con sede en Cancún, decidan reponer el procedimiento al resolver los amparos directos en cuestión, “como una manera de lavarse las manos y seguir prolongando el conflicto”.
Lo anterior, agregaron, ante resoluciones ilegales emitidas por los magistrados del Tribunal Superior Agrario en los recursos de revisión 211/2020-44 y 606/2019-44, presentados en el mismo caso.
LAS ANOMALÍAS
Los ejidatarios alertaron del riesgo de despojo de decenas de familias tras una serie de fraudes inmobiliarios, que datan desde hace 47 años, cuando en 1975, el particular Antonio González Avilés inscribió en el Registro Público de la Propiedad de Chetumal el cambio de ubicación -de manera documental- de las tierras registradas con el título de propiedad 673, del municipio de Felipe Carrillo Puerto, al de Cozumel para situarlas sobre la zona colindante con el mar Caribe, del Nuevo Centro de Población Ejidal José María Pino Suárez.
Un segundo fraude, detallaron, se originó en 1991, cuando el entonces secretario de la Reforma Agraria, Víctor Cervera, emitió el título de propiedad 79152 a nombre de Enrique Humberto Fuhrken Chellet, que afectó tierra perteneciente al Nuevo Centro ejidal.
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Asimismo, expresaron su desconfianza en el Tribunal Superior Agrario, al indicar que la resolución del 13 de julio de 2021 sobre el caso valida el fraude contra su patrimonio, ya que va en contra del artículo 27 constitucional, que establece como nulos de pleno derecho los títulos de propiedad emitidos afectando tierra ejidal, como lo es el caso de Enrique Humberto Fuhrken Chellet.
Buscan parar nuevo muelle con amparos
La empresa Muelles del Caribe señaló que la construcción del nuevo muelle de cruceros en Cozumel, Quintana Roo, cuenta con las autorizaciones de las secretarias de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Marina (Semar); sin embargo, enfrentan diversos amparos de grupos ambientalistas, cuyo objetivo es evitar la competencia.
Uno de los recursos es promovido por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), de Gustavo Alanis, asociación respaldada por empresas como Sand Dollar Sports, del estadounidense John Flynn, quien tiene su negocio un área cercana a donde se construirá el nuevo muelle.
LEG