Se les dijo y advirtió que regresaría para acabar con fuentes de empleo, ahuyentar inversión y crear conflictos a su conveniencia; ahora la 4T, quien lo trajo de regreso a México arropado por una senaduría, no sabe ni qué hacer.

Napoleón Gómez Urrutia quiere repetir la estrategia que aplicó hace 14 años en Cananea Sonora; hoy toma carreteras y suelta amenazas como si no hubiera robado 55 millones de dólares o como si no hubiese escapado a Canadá para evitar pisar la cárcel. Hoy, sin pena alguna, trata de doblegar a sus compañeros morenistas, los mismos que lo apoyaron.

El escenario es la Mina de Cananea, basta decir que el punto es estratégico al ser la mina de cobre más grande del mundo. De la huelga que estalló Napillo de manera ilegal en 2007, aún hay mucho que decir.

Yo, al igual que los que tomaron la decisión de alejarse de él por abusivo e impostor y por enriquecerse a costa de los obreros, podemos dar detalles que se desconocen. Para empezar, la huelga nunca contó con el apoyo de los mineros, las votaciones se dieron así: de mil 300 trabajadores, sólo 257 votaron y, de estos, 131 dijeron no al estallamiento, mientras que 126 fueron por el sí. Sin importar el resultado del escrutinio, la huelga estalló, los que se oponían fueron sacados a golpes y las banderas roji-negras colocadas, dejando mil 300 desempleados.

Para resolver el conflicto se integró una mesa de negociación entre el sindicato, empresa y Gobierno federal. Las pláticas iniciaron con seis puntos a resolver; sin embargo, la empresa quiso mejorar cualquier detalle, se hicieron recorridos en la mina, de lo que resultó un pliego petitorio más amplio en el que también se incluían acuerdos que beneficiaban a los trabajadores, como el pago de salarios caídos, y 400 mil pesos en promedio por año a todos los trabajadores por reparto de utilidades, prestaciones sociales y restablecimiento del Contrato Colectivo de Trabajo, entre otros.

Napito siempre mintió cuando decía que no había voluntad de la empresa y gobiernos para reiniciar las operaciones, tan hubo disposición que un subsecretario de Gobernación viajó a Canadá para negociar directamente con él.

Tras infinidad de pláticas se vislumbraba el fin de la huelga, la empresa aceptó frente al entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano, cumplir con todos las peticiones, pero a unos minutos de concretar la firma del convenio, Napito tumbó el acuerdo, me llamó por teléfono desde su mansión en Canadá para exigir una solución integral, se refería a que antes de cumplir con todo lo acordado en beneficio de los mineros se le debían entregar directamente 100 millones de dólares por daño moral y quitarle todas las órdenes de aprehensión en su contra por el robo de los 55 millones de dólares del Fideicomiso Cananea.

La empresa se negó a aceptar sus chantajes y el Gobierno respondió colocando una manta en el edificio de la Secretaría del Trabajo donde se leía: “En esta dependencia no se tratan asuntos penales”.

Napito nunca buscó beneficiar a los mineros, quería a toda costa servirse de la causa obrera, la muestra es que nunca levantó la huelga a pesar de que la empresa dijo sí a todos los asuntos laborales.

Hace años que los compañeros de Cananea retomaron su empleo con un nuevo sindicato y un nuevo CCT, Napito no representa a los trabajadores de esa región y ahora, junto con sus seguidores, pretende presionar al Gobierno para que emita algún recurso legal que lo salve de reintegrar los 55 millones de dólares que ya se gastó y que robó hace más de 15 años.

 

@CarlosPavonC