Ahora que el Congreso local de Veracruz lleva a cabo el motivo de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para derogar el artículo 331 del Código Penal del estado, el debate deberá ser terso en el pleno de Xalapa, y no sólo porque se trata de una recomendación de poderes extraestatales sino porque basta con una consigna de la lideresa para que todos levanten la mano a favor o en contra de lo que se discute.
La escena legislativa de Veracruz se convierte en una lucha de egos mientras en realidad no se trabaje con el verdadero objetivo de la discusión que es la libertad de las personas que fueron detenidas con el pretexto de una ley que nunca debió volver a ser vigente ni en Veracruz ni en ninguna otra entidad. La lideresa del Congreso local, Cecilia Guevara, siempre manipulada por su inseparable consejero, Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política, seguramente mostrará una vez más que no importa la representación de la sociedad que encarnan, sino las órdenes dictadas desde el Palacio de Gobierno de Xalapa.
Más allá de la lucha de egos está el hecho de que hay cientos de personas sufriendo porque sus familiares están presos por motivos injustificados. Son inocentes, pero por ocurrencia de la delincuencia autorizada de la que forma parte el gobernador, García Jiménez; la fiscal, Verónica Hernández; el secretario de gobierno, Eric Cisneros, o un simple policía, están presos amparados en la vigencia de la ley de ultrajes a la autoridad.
El diputado local Sergio Gil Rullán, de Movimiento Ciudadano asegura que 1,033 personas están en la cárcel por este delito. El 13 de enero, el gobernador y la Fiscalía aceptaron la recomendación 146/2021 y se comprometieron a trabajar, de la mano del legislativo, para que quede fuera el delito de los ordenamientos jurídicos.
La Fiscalía del Estado anunció también que aceptó las recomendaciones, a las cuales se les dará cumplimiento en la entidad.
Para que se llegara a esto debió intervenir el senador de Morena, Ricardo Monreal quien creó una comisión en el Senado para que se liberara a quienes estaban presos por ese motivo.
Llamó la atención del senador zacatecano la detención de seis jóvenes, acusados de violar esta normatividad que es considerada por la Suprema Corte de Justicia como anticonstitucional. De inmediato se dio a la tarea de visitar a los jóvenes y lograr su liberación, ya que estaban posteriormente acusados de secuestrados.
En días pasado en Córdova, Veracruz, campesinos del municipio de Maltrata bloquean la calle 9 de Xalapa, y protestaron fuera de la Fiscalía para pedir la liberación de 15 personas detenidas por supuestos daños de ultraje a la autoridad ocurridos en mayo del año pasado dijo Maximino Ojeda, agente municipal del lugar, exige sea derogada esa ley.
El objetivo central de dichos movimientos no son un duelo de Monreal o el gobernador sino de la liberación de los presos por motivos políticos, de venganza personal o de simple capricho.
A finales de agosto, el Juez Séptimo de Distrito en Veracruz, Ricardo Mercado Oaxaca, ordenó que el ex secretario de Gobierno y diputado federal electo del PRD Rogelio Franco Castán, primera víctima de esta ley, a grado tal que se le llamó Ley Franco, fuera liberado y que quede sin efectos el auto de vinculación del proceso penal 50/2021 que le fue imputado y lo mantenía preso desde el 13 de marzo pasado. En esos días el juez considero que era un exceso que se le mantuviera recluido y ahora va a cumplir un año en prisión quien fuera candidato a una diputación federal por el PRD, y el juez no ha dicho nada al respecto.
Cuando se le cuestiona al juez Mercado Oaxaca sobre el caso de Franco Castán, no sólo calla sino que sale con el argumento de que él es muy amigo del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar y no deben presionarlo, a pesar de que aplaza las audiencias, pospone fechas y mañosamente alarga los periodos con miles de pretextos para darle curso legal al proceso.
Ese mismo juez señaló en ese momento que el proceso contra Franco Castán no analizó adecuadamente el delito que le atribuyó la Fiscalía General del Estado, por lo cual dictaminó que se emita una nueva resolución en la que se analice nuevamente si existen datos de prueba suficientes para sustentar la acusación; sin embargo, ahora el juez sigue callado y Rogelio Franco sigue recluido inexplicablemente, sin juez, ni juicio ni libertad ni justicia.
Entre otros pesos políticos se encuentran desde el 2 de septiembre de 2021, la exdiputada federal del PRD, Azucena Rodríguez, quien fue detenida por la fiscalía de Veracruz, acusada por el presunto homicidio de su esposo, Nicanor Martínez, candidato de Morena a la alcaldía de Tihuatlán.
Otro caso de evidente venganza política es el de Gregorio Gómez Martínez, quien fue detenido el 7 de abril de este año, entonces candidato a la alcaldía de Tihuatlán, detenido por delitos del fuero común, como portación de armas de fuego, posesión de un vehículo robado y, por supuesto, ultrajes a la autoridad.
El diputado Manuel Bernal Rivera, uno de los pocos perredistas con credibilidad ante la población, encabeza un movimiento con la población para exigir la liberación de los presos por motivos políticos y justicia para toda la entidad que no puede continuar siempre con miedo a ser detenidos por una ley anticonstitucional.
Se responsabiliza al gobernador de Veracruz no sólo de esta detención sino de otras mismas con un estilo similar al culpar a contrincantes políticos de delitos que nunca cometieron. Esta anomalía traspasó las fronteras de la entidad porque era evidente la venganza de Cuitláhuac García contra sus adversarios.
Pero no sólo ha detenido a militantes de otros partidos sino del propio Morena. En noviembre, por ejemplo, la Fiscalía General de Veracruz capturó a Roberto Trinidad De la Cruz y Casto Hernández por el asesinato del periodista Jacinto Romero, acribillado el 19 de agosto de 2021 en la comunidad de Potrerillo, Ixtaczoquitlán.
Roberto Trinidad De la Cruz fue aspirante a diputado local por el PAN en 2016. Un año después se sumó a la campaña del hoy alcalde electo de Ixtac, Nahúm Álvarez Pellico, y aspiraba a la regiduría primera por la coalición Juntos haremos historia.
Las víctimas de este aparato represivo ya cumplieron con la sanción estipulada por el artículo 331 del Código Penal del estado de Veracruz, pero todos siguen presos, en este lapso se teme que se les inventen nuevos delitos, lo cual demostraría la mala intención del gobernador por mantener la tragedia en más de mil familias de los veracruzanos a quienes prometió proteger pero nunca dijo que los iba a encarcelar si no coincidía con sus ideas.
Pero lejos de ver la realidad y dolor de sus ciudadanos se burló ante la disolución de la comisión que intentaba desaparecer los poderes en Veracruz y liberar a los presos por motivos políticos que son los mismo que fueron detenidos con el pretexto de la ley de ultrajes a la autoridad.
La voz de los jueces no se escucha, los medios exigen justicia y la fiscalía y el gobierno estatal sólo se dedican a derogar una ley que nunca debieron aprobar.
PEGA Y CORRE.- Para quienes dice que no hay buena relación con el vecino del norte, el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene razón para hacer los cambios a la Reforma Eléctrica, pues son para beneficiar al pueblo y las leyes se tienen que revisar y reformar… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.