El Instituto Nacional Electoral (INE) suprimirá al menos 100 mil casillas para organizar la consulta de revocación de mandato con el presupuesto que tiene disponible.
Se prevé que hoy, el Consejo General apruebe la convocatoria del ejercicio democrático al que estarán convocados más de 90 millones de mexicanos para responder si están de acuerdo en que el presidente Andrés Manuel López Obrador siga su mandato o no.
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El organismo electoral calculó que la organización del revocatorio tendría un costo de 3 mil 318 millones de pesos, con lo cual se cumpliría con lo mandatado por la Constitución al instalar el mismo número de centros de votación que en la elección federal pasada; es decir, 161 mil.
Sin embargo, el Gobierno federal rechazó la petición para ampliar mil 738 millones de pesos, por lo que la consulta de revocación tiene un presupuesto de mil 580 millones de pesos.
Los consejeros también presentarán cambios a la organización del ejercicio, el principal será quitar un estimado de 100 mil casillas, pero prevén asegurar que al menos cada sección electoral del país cuente con un centro de votación.
A su vez, ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por mayoría de votos, declaró constitucionales los artículos de la Ley Federal de Revocación de Mandato respecto a que el INE debe organizar la consulta con los recursos disponibles y ajustar su presupuesto.
En la víspera, la Corte definió que los consejeros electorales pueden reducir los alcances constitucionales del ejercicio sin incurrir en responsabilidades administrativas.
Por otra parte, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, alertó que las autoridades electorales enfrentan “ataques y acoso por parte de los líderes en el poder o desde los círculos gubernamentales, de aquellos que ganaron y se beneficiaron de los procesos electorales”.
Durante su participación en la Cumbre Mundial del Día de las Elecciones 2022, organizada por la Asociación de Organizaciones Electorales Europeas (ACEEEO, por sus siglas en inglés), consideró como “perturbador que estos ataques escalen de nivel hasta amenazar la integridad personal de los funcionarios públicos a cargo de las instituciones electorales como está pasando en Perú, pero también en México”.
LEG