Ante las diversas reformas que se han aprobado en el Legislativo sin el consenso de la oposición, la secretaria general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Adriana Díaz Contreras, llamó a no seguir el diseño institucional “con el único afán de seguir concentrando poder y presupuesto público, en perjuicio de los valores y principios consagrados en nuestra carta magna”.
Díaz Contreras, consideró que, si bien existen algunas reformas constitucionales relevantes, en el balance, los resultados del actual sexenio son negativos.
Reconoció el impulso de diversos grupos parlamentarios para impulsar temas de paridad entre géneros, pueblos y comunidades afromexicanas, juventud, nacionalidad y movilidad.
Así como, la modificación para eliminar la partida secreta, el desafuero presidencial y la
condonación de impuestos.
Sin embargo, la líder perredista recordó los resultados negativos que tuvieron en la pasada legislatura con la conformación de una mayoría artificial entre el partido gobernante y sus satélites.
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“Quedó registrada en la historia, la nueva cara de la obediencia ciega de la mayoría legislativa para atentar contra el diseño institucional republicano, de división de poderes, democrático y de protección de los derechos humanos”.
Para la Secretaria General del PRD, tal y como sucedía en el pasado, se usó el poder institucional para imponer su reforma educativa y judicial; una visión equivocada de la Guardia Nacional, la extinción de dominio y la prisión preventiva oficiosa; incluso, una forzada regulación constitucional en materia de consulta popular, revocación de mandato, salud, pensiones y becas.
Destacó el número de juicios de amparo, controversias y acciones de inconstitucionalidad que se han promovido desde que el presidente Andrés Manuel asumió el gobierno, “sólo así podemos dimensionar el daño total que su gobierno ha provocado a las instituciones y a los principios de legalidad, seguridad y justicia para todas y todos los mexicanos”, refirió.
Mencionó que, de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal del INEGI, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su Pleno y Salas, han recibido 336 acciones de inconstitucionalidad y 303 controversias constitucionales, tan sólo en el año 2020.
En dicho Censo, también se advierte que más del 32% de los juicios de amparo recibidos en el 2020 por los juzgados de distrito tienen que ver con la materia administrativa, es decir, contra una autoridad del gobierno federal por violaciones a la Constitución Política.
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Por otro lado, Díaz Contreras opinó que sería erróneo desaparecer organismos descentralizados o desconcentrados federales no debería ser vista como una medida administrativa, sino como un retroceso constitucional derivado del método austericida que este gobierno sigue impulsando en perjuicio del ejercicio pleno de derechos económicos, sociales y medioambientales.
LV