El grupo parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para que los perfiles de los titulares de los organismos autónomos y el Poder Judicial cumplan con más requisitos.
La propuesta de reforma al artículo 73 de la Constitución pretende que las personas que aspiran a los cargos de instituciones autónomas, cumplan con la probidad, experiencia, independencia y el profesionalismo necesario para llevar a cabo sus funciones.
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Al argumentar la propuesta, la diputada Noemí Luna Ayala (PAN) aseguró que no se deben admitir para su selección, el simple criterio de amistad, afinidad o empatía por parte del titular del Ejecutivo sin considerar los aspectos técnicos y profesionales del cargo.
“Evitaremos dejarla a merced de gobernantes irracionales, o que sean constantemente amenazadas como hemos visto en los últimos años.
“(Ahí) está Victoria Rodríguez Ceja, que de entrada incumplió con dos requisitos del artículo 39 de la Ley del Banco de México, que son haber ocupado por lo menos durante cinco años cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano, y tener reconocida competencia en materia monetaria”, detalló la legisladora.
También se refirió a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, de quien dijo, “no ha tenido la capacidad de dar la cara ante una crisis de Derechos Humanos, que es obvia en el país”.
Entre los requisitos que planteó Luna Ayala están que la persona propuesta posea el día de la designación, una antigüedad mínima de diez años, de título profesional; acreditar conocimientos en la materia; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de prisión.
Además, no haber sido militante de algún partido político en los últimos doce años anteriores al día de su nombramiento o ratificación; no haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular federal o local en los últimos doce años anteriores al día de su nombramiento o ratificación.
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También propuso que no debe tener o haber tenido algún interés o beneficio económico o privado con quien ejerza la titularidad del Ejecutivo Federal.
Señaló que los órganos autónomos del Estado y los miembros del Poder Judicial de la Federación deben tener la independencia necesaria para cumplir con sus objetivos, ya que estos tienen que estar alejados de los intereses partidistas, así como de criterios ideológicos que pueden desvirtuar el correcto ejercicio de su encargo.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis.
OH