Foto: Cuartoscuro / archivo / Ayer se realizó la audiencia en el Reclusorio Norte en la que el juez de Control cuestionó la ausencia del panista  

La defensa de Ricardo Anaya, excandidato presidencial del PAN, aseguró que la acusación contra su cliente por presuntamente recibir un soborno de 6 millones 800 mil pesos para aprobar la reforma energética en la administración pasada, carece de sustento legal.

“Tenemos absolutamente todas las pruebas de manera contundente para demostrarlo. La acusación presentada por (Emilio) Lozoya, es absolutamente inverosímil, no es una acusación que tenga sustento legal, está basada con testigos que ya dijeron que no participaron en un hecho de corrupción”, externó el abogado Eduardo Aguilar.

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A las afueras del Reclusorio abundó: “Es una acusación de un delincuente que está en la cárcel… que no tiene ni pies ni cabeza y por supuesto vamos a demostrar la inocencia de nuestro cliente”.

Ayer se realizó la audiencia en el Reclusorio Norte en la que el juez de Control cuestionó la ausencia del panista y calificó como improcedente otorgar a la defensa un plazo para justificar la ausencia de Anaya, lo que abrió la posibilidad de que la Fiscalía General de la República solicite una orden de aprehensión en su contra.

Esta es la quinta ocasión en que la Fiscalía intenta imputar al excandidato presidencial por los probables delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por recibir dinero proveniente de la constructora brasileña Odebrecht, derivado de la denuncia de Emilio Lozoya, extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En su video semanal, Anaya se limitó a expresar que “no se dejaría, pero no les seguiría el juego”, y acusó que el Gobierno persigue a los opositores y protege a los delincuentes.

“Yo no me voy a dejar, pero tampoco voy a cometer el error de caer en su juego y dedicarme a hablar horas y horas de la bola de mentiras de un tipo que ya está en la cárcel y que de hecho podría quedarse ahí más de 50 años. Por ratero y mentiroso”, sentenció.

Al respecto del caso, el politólogo Edgar Ortiz manifestó que la acusación tiene más sustento político y mediático que jurídico y se deriva de los señalamientos realizados por Lozoya quien ha sido un testigo de poca valía para la FGR.

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“De hecho este tipo de actos jurídicos en lugar de perjudicar a Anaya lo posicionan de nuevo en la opinión pública. En este sentido la FGR deberá valorar si realmente Lozoya aporta algo relevante en contra de personajes políticos del sexenio anterior”.

Por la noche trascendió en medios de comunicación que la Fiscalía habría concluido que el extitular de Pemex, Emilio Lozoya, y su familia fueron los únicos destinatarios de los sobornos en el caso Odebrecht.

Respecto a la ausencia de Anaya, el abogado penalista, Irving Regino explicó que cuando el imputado no asiste a una audiencia inicial, lo primero que debe verificar el Ministerio Público es la forma en cómo fue citado, ya que debe existir certeza plena de que dicha persona recibió la notificación.

Manifestó que de lo contrario no se puede solicitar al juez que utilice los medios contemplados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como una orden de comparecencia, o una orden de aprehensión.

“Lo más probable es que en los próximos días sus abogados promuevan un amparo indirecto para curarse en salud, y garantizar la libertad de su defendido… el trabajo de la FGR será acreditar ante el juez que la notificación se le hizo de manera correcta”.

 

LEG