Una docena de mujeres indígenas panameñas denunciaron haber sido esterilizadas sin su consentimiento en un hospital público, lo que ha provocado el inicio de investigaciones oficiales, informó este miércoles una diputada implicada en las pesquisas.
“Las mujeres se acercaron a nosotras, como figuras de autoridad, y nos contaron que a ellas se las está esterilizando sin su consentimiento”, manifestó a la AFP la diputada suplente Walkiria Chandler.
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Según esta legisladora, la denuncia fue hecha a una delegación de diputados de la que formaba parte durante una visita a la comunidad indígena de Charco La Pava, una zona montañosa de difícil acceso ubicada en la provincia de Bocas del Toro, al noroeste del país.
La comitiva había acudido a esta localidad, habitada por indígenas ngäbe-buglé, para atender una denuncia sobre un posible brote de una enfermedad parasitaria en niños. Una vez en el lugar, varias mujeres denunciaron las esterilizaciones.
La diputada y presidenta de la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia de la Asamblea Nacional, Zulay Rodríguez, comentó a la AFP que en los próximos días se creará una subcomisión legislativa para investigar los hechos.
“Es sumamente grave y lo vamos a investigar”, señaló Rodríguez, del oficialista Partido Revolucionario Democrático. “Esto que ha sucedido no se va a quedar en la impunidad”, agregó.
En su cuenta de Twitter, el Defensor del Pueblo (Ombudsman) de Panamá, Eduardo Leblanc, informó que pedirá detalles sobre “las mujeres supuestamente afectadas”.
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Las indígenas aseguran que quienes han tenido partos en el hospital señalado por las presuntas esterilizaciones “perdieron su capacidad reproductiva”.
Sin embargo, las que dieron a luz en sus comunidades, bajo procedimientos ancestrales, “sí podían seguir reproduciéndose”, añadió Chandler.
“Nos mencionan que alrededor de doce mujeres habrían observado que eran esterilizadas sin su consentimiento”, agregó Chandler.
La diputada Rodríguez aseguró, además, que hasta la fecha “no ha habido respuesta” de las autoridades sanitarias ante estas denuncias.
“Nosotros no estamos desmeritando los testimonios de las mujeres de las poblaciones originarias, pero por un debido proceso nos parece correcto escuchar a ambas partes para saber qué está pasando”, declaró Chandler.
La AFP trató de buscar una reacción en el ministerio de Salud de Panamá, pero no obtuvo respuesta.
El martes Chandler interpeló sobre este caso a la viceministra de Salud, Ivette Berrio, durante una comparecencia en la Asamblea, pero sus preguntas fueron rechazadas por no estar relacionadas al caso que originó la comparecencia de la viceministra.
En 2021, esta misma comisión legislativa denunció el abuso y la violación en albergues de más de una decena de niños pobres, lo que produjo la apertura de varios procesos judiciales.
klcg