La pobreza y la desigualdad son problemas globales para los que no existen, a la fecha, remedios efectivos; por el contrario, estos fenómenos se han mantenido y, en otros casos, incrementado, durante las últimas décadas, coincidiendo con la implementación del modelo neoliberal en buena parte del mundo.
No obstante, los países con mejores índices de desarrollo y aquellos que mayor producción de riquezas reportan han favorecido la educación de su población y el fomento de la economía del conocimiento, incrementando el valor de sus productos y servicios, y mejorando las habilidades de sus recursos humanos, lo que se traduce en mayor obtención de patentes y demás títulos de propiedad intelectual.
Casos como el de Estados Unidos, Francia, Alemania o Japón muestran una clara relación entre el bienestar de las sociedades y el gasto público y privado en educación. Sin embargo, la UNICEF ha señalado que incluso en esas naciones la oferta educativa es inequitativa, ya que depende del nivel socioeconómico y la lengua materna, entre otros factores, por lo que el impacto de la pandemia en la educación ha sido desigual tanto entre países como al interior de los mismos.
En México, la deserción de estudiantes de entre 3 y 29 años durante el ciclo escolar 2019-2020, como consecuencia de la pandemia o la falta de recursos, fue de 1.8 millones, contabilizando instituciones públicas y privadas.
Por su parte, datos del INEGI señalan que en 2020 las personas con más de 15 años de edad contaban con una escolaridad promedio de 9.7 años, equivalente a un poco más de la secundaria concluida. Esto se corresponde con el hecho de que la educación media superior es el grado educativo con mayor abandono, lo cual impacta no solamente en la vida personal y familiar, sino en el desarrollo nacional en su conjunto.
Ante este fenómeno, vale la pena señalar que los estados con menor escolaridad son Chiapas, Oaxaca y Guerrero, lo que muestra un claro vínculo con el medio rural y el subdesarrollo histórico del sureste mexicano; pero entre las 10 entidades con menor grado académico se encuentran también Guanajuato, Michoacán y Zacatecas, que en los últimos tiempos se han visto especialmente afectadas por la violencia del crimen organizado.
Considerando estos y otros datos, presenté ante el Senado de la República una iniciativa para reformar cinco artículos de la Ley General de Educación, con el objetivo de recopilar información sobre el impacto de la violencia entre escolares en el fenómeno de la deserción, así como detectar oportunamente a las y los estudiantes en riesgo de abandonar sus estudios, para facilitar su inclusión en actividades extraescolares y realizar otras acciones personalizadas que compensen las desigualdades económicas, sociales, familiares, culturales, de género y por alguna discapacidad.
La educación, vinculada a un buen rendimiento y a fuentes de empleo, representa una posibilidad para la movilidad social, es decir, para romper con los ciclos de pobreza generacional, y es también una vía para el desarrollo económico, por tanto, espero que la iniciativa tenga una buena recepción entre todos los grupos parlamentarios que integran la Cámara Alta.
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