El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) debe aclarar el destino de 2 mil 561 millones 268 mil 268 pesos, de un total de 9 mil 700 millones destinados para la atención de la pandemia por el Covid-19.
De acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, respecto de la adquisición de mil ventiladores a uno de los proveedores extranjeros, 650 de éstos con un costo de 920 millones 441 mil pesos, no fueron entregados, los cuales debían haberse suministrado antes del 30 de abril de 2020; ante ello, el INSABI contrató a un despacho para iniciar acciones legales tendientes a hacer efectiva la responsabilidad contractual del proveedor.
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Respecto de la adquisición de 37 millones 576 mil insumos de protección personal a otro proveedor extranjero, no se acreditó la entrega al Insabi de 1 millón 50 mil mascarillas KN95 con un costo por 40 millones 505 mil pesos pesos; adicionalmente, 17 millones 940 mil insumos, fueron entregados de forma extemporánea entre 11 y 526 días después del plazo establecido en el contrato.
“Cabe señalar que, en ambos contratos, no se estableció la aplicación de penas convencionales por causas imputables a los proveedores”, señala el Informe.
Por otra parte, el Insabi realizó pagos a cuatro proveedores durante el periodo del 2 al 27 abril de 2020 por concepto de la adquisición de 2 mil 250 ventiladores por mil 600 millones 320 mil pesos; sin embargo, “no se proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria que sustentó los procedimientos de adjudicación, los instrumentos jurídicos formalizados y la recepción por parte del Insabi y distribución de dichos ventiladores a las unidades médicas”.
Además, el Insabi no distribuyó a las dependencias de la Administración Pública Federal y a los Servicios de Salud un total de 8 millones 369 mil 670 insumos (batas, mascarillas, guantes, etc.), y no contó con el control de la distribución de éstos, ya que éste se llevó mediante una base de datos en formato Excel en la que se registraron los insumos entregados a las dependencias y a los Servicios de Salud de las Entidades Federativas y no es coincidente con el número de insumos entregados por el proveedor, ya que de los 31 millones 403 mil 840 insumos entregados, dicha base de datos contó con un registro de sólo 15 millones 621 mil 497 insumos.
El Insabi, realizó pagos en demasía por 33 mil pesos por concepto de sueldo; asimismo, realizaron pagos a 280 enfermeras y médicos voluntarios en hospitales “NO COVID” con un rango de edad de 60 a 65 años sin contar con la autorización de dicho estímulo ni con la documentación que acredite la convocatoria del personal referido.
Respecto de las adquisiciones efectuadas a dos proveedores extranjeros, no se proporcionó evidencia de la selección del proveedor por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ni se acreditó que se efectuara la invitación a diversos proveedores para participar en ambos procedimientos de adjudicación; así como la investigación de mercado en la que se determinó que sólo existía un posible proveedor extranjero y que éste expresó su interés en contratar conforme a la legislación de su país; tampoco se sustentó que los procedimientos de contratación no se podían realizar dentro del territorio nacional, por lo que se contrataron en el extranjero.
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Respecto de los recursos donados por la Cámara de Senadores, se comprobó que los recursos por 99 millones 871 mil pesos, no se ejercieron con oportunidad, toda vez que la aportación fue recibida el 11 de mayo de 2020, mientras que la carta de instrucción de pago fue recibida por el fiduciario del Fondo de Salud para el Bienestar el 1 de junio de 2021, es decir, 386 días naturales posteriores a la recepción del recurso.
Asimismo, a la fecha de la auditoría (diciembre de 2021), no se había acreditado el ejercicio de 128 mil pesos, por lo que continúan en el patrimonio de dicho fondo sin haber dado cumplimiento a lo convenido.
En tanto, de 199 bienes que fueron donados por la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, el Insabi no contó con el registro en su patrimonio, los cuales fueron entregados a las unidades médicas en comodato.
EAM