Tres personas que fueron esterilizadas a la fuerza en Japón en virtud de una ley de eugenesia, ahora derogada, obtuvieron este martes ante la justicia indemnizaciones por daños y perjuicios, una victoria histórica tras muchos reveses legales en casos similares, indicó la defensa.
Unas 16.500 personas, de acuerdo al ministerio de Salud nipón, fueron operadas sin su consentimiento en la adolescencia para evitar que procrearan, de acuerdo a una ley vigente desde 1949, derogada en 1996, que afectaba a las personas con discapacidad genética.
Abogados y defensores de las víctimas han fustigado desde hace mucho tiempo al gobierno por no haber indemnizado a esas personas esterilizadas, en tanto la justicia ha desestimado varias demandas en este sentido en los últimos años, argumentando que el plazo de prescripción (20 años) había sido superado.
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No obstante, este martes, el Tribunal Supremo de Osaka (oeste) anuló la sentencia de un tribunal menor, y los medios de comunicación locales informaron que ordenó al gobierno nacional pagar a tres víctimas un total de 27,5 millones de yenes (unos 212.000 euros).
“La decepción de los querellantes y otras personas conmovió al magistrado, ‘moviendo una montaña”, indicó a la televisión Tamano Tsujikawa, su abogado defensor.
La reclamación de los demandantes había sido desestimada en 2020 por un tribunal de primera instancia, pero el juez del Supremo afirmó que dicho fallo “violaba groseramente al espíritu de justicia e igualdad”.
De acuerdo a cadena televisiva pública NHK y otros medios nipones, fue la primera vez que un tribunal dicta el pago de daños y perjuicios en un caso de esterilización forzada.
Se trata de un “veredicto muy duro para el gobierno”, reaccionó ante los periodistas Shigeyuki Goto, ministro de Salud.
Los tres querellantes son una pareja de ancianos, ambos con graves problemas de audición, y una mujer con discapacidad intelectual, de acuerdo a un grupo de apoyo local.
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“Estoy contenta de que nuestra demanda haya sido escuchada. Pero mi pena por haber sido operada continúa hasta el día de hoy”, indicó la mujer con discapacidad auditiva, de acuerdo a NHK, que no brindó su identidad.
“Quiero proseguir nuestra lucha” para que otras víctimas sean indemnizadas en futuros juicios, añadió.
En 2019, el Parlamento aprobó una ley que impone el pago de compensaciones a víctimas de esterilización forzada.
Pero, el gobierno ofreció una indemnización de apenas 3,2 millones de yenes (25.000 euros) por persona, monto insuficiente ante la gravedad de los hechos, según los abogados de las víctimas.
klcg