El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (Cejur) y Oficina de Jefatura de Gobierno, formuló una propuesta de Reglamento de Cementerios, Crematorios y Servicios Funerarios con disposiciones relativas al servicio público de inhumación, exhumación, reinhumación, cremación de cadáveres, alojamiento de restos humanos y/o restos humanos áridos o cremados, que se publicará en las próximas semanas.
Además, enviará al Congreso local, en fecha próxima, una iniciativa de reforma al Código Penal para aumentar las penas a quien sepulte o exhume un cadáver o restos humanos sin los requisitos legales o de autoridad competente; y cuando quien participe tenga la calidad de servidor público o empleado de agencia funeraria.
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Ello, luego del caso del bebé Tadeo, quien nació el 4 de octubre de 2021, por problemas intestinales murió el 5 de enero de 2022 y un día después fue enterrado en el Panteón de San Nicolás Tolentino, de donde fue exhumado de manera clandestina y encontrado en un basurero de una cárcel de Puebla.
En conferencia de prensa, el jefe de Oficina de la Jefatura de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera y el consejero Jurídico y de Servicios Legales, Néstor Vargas Solano, explicaron que entre las disposiciones planteadas se encuentran: preservar la memoria de los difuntos a través de un Memorial en los cementerios que existen en la CDMX; establecer un sistema de registro de inhumaciones y exhumaciones, además del procedimiento para estas últimas y para el retiro de restos humanos; coordinación interinstitucional y distribución de responsabilidades; fortalecer la seguridad y vigilancia; y establecimiento de sanciones por incumplimiento de las disposiciones.
La exhumación de cadáveres y el retiro de restos humanos deberán seguir procesos precisos, debidamente documentados e inventariados. Los restos humanos se depositarán en el Memorial del cementerio y se colocará una placa de identificación.
El consejero jurídico expuso que está muy avanzado el proceso de consulta del nuevo Reglamento con dependencias, organizaciones civiles, organizaciones religiosas, de las alcaldías, entre otros, y advirtió sobre “una regulación muy rígida para los concesionarios: tienen la obligación de tener una persona administradora responsable, tanto en los cementerios privados, concesionados, como en los crematorios, igualmente, concesionados; actualmente tenemos 14 crematorios concesionados”.
Las alcaldías continuarán siendo responsables de la operación y funcionamiento de cementerios y crematorios a su cargo, y cuando tengan conocimiento de hechos que constituyan la alteración y exhumación de cadáveres o restos humanos, deberán presentar de manera inmediata la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX).
Además, crean la Comisión Consultiva de Servicios Funerarios, la cual coordinará, vigilará y dará seguimiento a la correcta implementación del Reglamento, además de atender eventuales emergencias sanitarias o situaciones extraordinarias.
Estará integrada por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, las 16 alcaldías, las secretarías de Gobierno, Medio Ambiente, Desarrollo Urbano, del Trabajo y Fomento al Empleo, Seguridad Ciudadana, de Movilidad, de Cultura; además de otros organismos o entes públicos invitados, como la FGJCDMX, los Institutos Nacional de Antropología e Historia y de Verificación Administrativa.
Sobre la seguridad en los cementerios y crematorios corresponde a las alcaldías el control de los accesos, la vigilancia perimetral, disponer de videovigilancia con conectividad al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) las 24 horas, los 365 días del año.
En cuanto a los requisitos que deben de tener los administradores, habrá una persona responsable en cada cementerio o crematorio, con experiencia administrativa, capacitada sobre Derechos Humanos, no discriminación, perspectiva de género, protección de datos personales, sin inhabilitación en el servicio público, y haber aprobado un examen de control de confianza.
Las personas trabajadoras en el interior de cementerios se someterán a medidas de control y habrá una bitácora de entradas y salidas. Y precisó que se enviará al Congreso local, en fecha próxima, una iniciativa de reforma al Código Penal para aumentar las penas a quien sepulte o exhume un cadáver o restos humanos sin los requisitos legales o de autoridad competente; y cuando quien participe tenga la calidad de servidor público o empleado de agencia funeraria.
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“Estamos proponiendo que se penalice la comercialización (de restos humanos), que se ha presentado comúnmente en algunas redes sociales o por medio de otros instrumentos de comercialización”, detalló.
Las penas propuestas para quien distribuya comercialice o transporte sin la autorización o permiso de la autoridad correspondiente personas fallecidas, partes o restos humanos áridos se le impondrá un apena de 5 a 10 años de prisión.
También plantea imponer una pena de dos terceras partes cuando quien participe tenga la calidad de servidor público, empleado de cementerio, empleado de agencia que preste servicios funerarios, entre otros. El castigo propuesto para quien exhume, oculte, destruya o sepulte personas fallecidas o restos humanos sin los requisitos de ley será de dos a ocho años (actualmente es de tres meses a dos años).
EAM