A poco más de un mes del robo del cadáver de un bebé en el Cementerio de San Nicolás Tolentino, Iztapalapa, el Gobierno capitalino presentó el nuevo Reglamento de Cementerios, Crematorios y Servicios Funerarios, que se publicará en las próximas semanas.
En cuanto a los requisitos que deben de tener los administradores de los panteones, habrá una persona responsable en cada cementerio o crematorio, con experiencia administrativa, capacitada sobre Derechos Humanos, no discriminación, perspectiva de género y protección de datos personales.
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Además, no deberá contar con una inhabilitación en el servicio público y tendrá que aprobar un examen de control de confianza. Las personas trabajadoras en el interior de cementerios se someterán a medidas de control y habrá una bitácora de entradas y salidas.
En conferencia de prensa, el jefe de Oficina de la Jefatura de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, y el consejero Jurídico y de Servicios Legales, Néstor Vargas Solano, explicaron que se establecerá un sistema de registro de inhumaciones y exhumaciones, además del procedimiento para estas últimas y para el retiro de restos humanos.
La exhumación de cadáveres y el retiro de restos humanos (por haber cumplido su tiempo en las tumbas) deberán seguir procesos precisos, debidamente documentados e inventariados.
Los restos retirados se depositarán en memoriales que serán colocados en cada cementerio para preservar la memoria de los difuntos y se colocará una placa de identificación. Sobre la seguridad en los cementerios y crematorios corresponde a las alcaldías el control de los accesos, la vigilancia perimetral y disponer de videovigilancia con conectividad al C5.
Finalmente, se enviará al Congreso local una iniciativa de reforma al Código Penal para aumentar las penas a quien sepulte o exhume un cadáver o restos humanos sin los requisitos legales o de autoridad competente.
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“Estamos proponiendo que se penalice la comercialización (de restos humanos), que se ha presentado comúnmente en algunas redes sociales o por medio de otros instrumentos de comercialización”, detalló el consejero jurídico.
Las penas propuestas para quien distribuya comercialice o transporte sin autorización a personas fallecidas, partes o restos humanos áridos será de 5 a 10 años de prisión.
LEG