Ángel Álvaro Peña
Las exigencias de justicia sobre los asesinatos de periodistas en México se van al vacío ante la indiferencia de las autoridades.
Si bien existe un Mecanismo que protege a los periodistas con un relativo éxito, dicha estrategia pertenece a la Secretaría de Gobernación, por lo tanto, forma parte del Poder Ejecutivo, lo cual no es malo, pero desactiva toda continuidad para la protección, y si corren con la mala suerte de ser asesinados, el proceso legal deja de ser, en ese preciso momento, un asunto del Ejecutivo para convertirse en un caso del Poder judicial.
Es decir, esas dos instancias, que pertenecen a poderes diferentes, impulsan involuntariamente la impunidad de los homicidios y retrasan las investigaciones ante la falta de comunicación entre instancias de diferente orden, con atribuciones y objetivos diferentes.
Se lleva al absurdo de ver que el Mecanismo tiene responsabilidad sobre la vida del periodista hasta que es asesinado. En el momento en que se incurre en el delito de asesinato la responsabilidad del comunicador muerto es del Poder Judicial.
La urgente necesidad de justicia exige que el Mecanismo y la investigación de los asesinatos estén en un mismo equipo, en una misma dependencia y dentro del Poder Judicial. Nada tiene que hacer un trabajo de resguardo de mexicanos bajo la tutela de la dependencia encargada de la política interna.
Se podría crear una fiscalía especial para el caso de los periodistas muertos, en la Secretaría de Gobernación, pero habría atribuciones, que son propias del Poder Judicial, que no podría tener ningún empleado de Segob.
Ahora, si el mecanismo pasará al Poder Judicial, y se proporcionará a los periodistas calidad en la protección, capacitación en los custodios, actualización de armas, precisión en las tareas. Y, en caso de un asesinato, se contaría con la suficiente capacidad para iniciar las investigaciones con antecedentes de las víctimas y entonces sí, se obligaría a los medios donde trabajaban los periodistas asesinados, a proporcionar sus trabajos recientes, de manera inmediata y sin mediar una burocracia paralítica, que implica un tiempo importantísimo a la hora de tener pista para la persecución de los asesinos.
Porque al estar alejados por jefes diferentes, información distinta, antecedentes contradictorios, las investigaciones se vician y toman vertientes equivocadas, mostrando en lugar de confusión lógica, ineficacia mal intencionada.
Los asesinatos de los periodistas mexicanos han dado la vuelta al mundo, también la ineficiencia del Mecanismo y de toda una estructura de protección ciudadana, porque los comunicadores no deben morir violentamente, ni nadie en este país ni en este mundo.
Hay mil causas que arrojan los lamentables resultados en la protección a los periodistas, en el momento de su asesinato y en las investigaciones en busca de los asesinos tanto materiales como intelectuales.
La cantidad de periodistas asesinados coloca a México en el segundo país más peligroso en el mundo para el desarrollo de su profesión. A grado tal la fama de esta masacre ha dado la vuelta al mundo que el secretario de estado del vecino país del norte, Antony Blinken, expresó su preocupación por el número de periodistas asesinados en México en lo que va del presente año.
La aparente injerencia de la que fue acusado tiene fundamento en una actividad que poco se da a conocer y que tiene que ver con acuerdos y tratados internacionales y muchas veces fuera de estos protocolos, porque hay dependencias del Gobierno de la Casa Blanca que apoyan económicamente a organismos y fundaciones, entre ellos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
No todo en el Mecanismo es negativo, tampoco hay una total indiferencia en el Poder Judicial en estos terribles casos. Lo que sí hay son viejas rencillas y recientes enemistades entre poderes que se esfuerzan en mostrar los errores de los otros, cuando la prioridad es demostrar eficiencia y descubrir a los asesinos materiales, intelectuales sus causas y sus castigos, pero lo que debe ser prioridad es evitar el asesinato. La muerte de un periodista hiere gravemente a la democracia.
Con convenios de por medio o no, la eficiencia de todas y cada una de las instancias de los gobiernos deben ser efectivas, cumplir con su objetivo ante la vista de todo y bajo el criterio de los implicados. Pero como la ineficacia de esa oficina se expresa en la muerte violenta de los comunicadores no hay quien acuse directamente ni señale el punto en el que hay errores.
La tarde del jueves 24 de febrero la periodista Ana Lilia Ramírez, aseguró en Tijuana que la consejera del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas Federal, Aracely Domínguez, ha hecho caso omiso a las peticiones
“No es verdad de que dicen que nos protegen, yo puse una demanda por un hombre acosador y a la fecha el gobierno del estado no me ha hablado, si el señor me hubiera querido violar lo hubiera hecho hace meses¨.
Pero no solo no les otorga la protección, cuando la han tenido se les ha retirado sin previo aviso, indicó el periodista Alberto Elenes, ante el director ejecutivo federal del mecanismo, Enrique Irazoque Palazuelos, y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Desde hace meses se prometió la reestructuración del Mecanismo, ante su evidente burocratización, que es guardada celosamente por los mandos medios del régimen pasado que siguen decidiendo la estrategia de dicha oficina.
Si el Mecanismo y las investigaciones penales sobre cualquier asunto relacionado con los periodistas estuvieran dentro de una misma instancia, el Poder Judicial no tendría el pretexto de culparlo por cualquier ineficiencia y abandonar las pesquisas a la hora que encuentran un pretexto para afectar a cualquier otro poder.
Si hubiera disciplina en las coincidencias más que pasión por las diferencias, más de un caso de los muchos que existen se hubiera solucionado en cuanto a la muerte de los periodistas y, con ello, evitado más muertes. Si las fuerzas no se unen, si los poderes no se hermanan si la política sigue viéndose en blanco y negro, la impunidad imperará y desplazará todos los poderes.
PEGA Y CORRE. – El Congreso local en la ciudad de México ratificó la necesidad de que los oradores en el pleno limiten su tiempo en tribuna, lo cual debería ser extensivo para la Cámara de Diputados y Senadores, porque no sólo salen del tema algunos sino que a pesar de que les avisan que deben concluir se eternizan con el micrófono… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.