La propuesta del Presidente de la República para reformar la Constitución en materia energética usa como pretexto la posible violación de los contratos de autoabasto para quitar la legislación de 2013, pero sin proponer nada nuevo pero y sí regresar a modelos que no funcionan, aseveró Daniel Amézquita, abogado litigante en materia Constitucional y administrativa.
En el foro de Parlamento Abierto que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados con el tema: “Decisiones del Poder Judicial en materia energética”, Amézquita aclaró que las figuras de autoabasto y cogeneración tienen un plazo de 20 años y no se pueden renovar; además, es falso que la Suprema Corte de Justicia (SCJN) haya decretado su inconstitucionalidad.
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“En esta administración, por algunos abusos, que sí los hay, tratan de derrumbar todo, en lugar de castigar casos concretos, operó sin crear nada, ni una propuesta firme, sino regresar a modelos de los 70 u 80 que ya sabemos que no funcionan”, expresó el abogado.
Agregó que la propuesta se excede porque no propone, sino que destruye y es una vuelta a años atrás, en lugar de construir sobre lo que está funcionando. Estimó que el mensaje es negativo porque “las inversiones dependen de que se deje de declarar anticonstitucional la norma a partir de cambiar la Constitución”, dijo Amézquita.
Por su parte, Miguel Zárate, abogado litigante, expuso que desaparecer los organismo reguladores autónomos, como propone la iniciativa, apunta a una centralización, que es una tendencia que desde hace tiempo tiende a desaparecer en el mundo.
Manifestó que la propuesta del Ejecutivo limita la inversión en la generación de electricidad, lo cual se traducirá en un oligopolio que no funcionará.
LEG