Bastaron dos años en el cargo para que un fundador de Morena y operador político del presidente Andrés Manuel López Obrador: Nonato Antonio Avilés Rocha, acumulara 789 millones de pesos en presuntos daños al erario como director de Exportadora de Sal SA de CV.

En 2018, el mandatario encargó a una de sus personas más cercanas en Baja California Sur liderar la salinera en Guerrero Negro, que ya acumulaba un historial de presuntos actos de corrupción. Avilés Rocha fue nombrado el 9 de enero de 2019 y renunció al cargo el 21 de enero de 2021.

En la Cuenta Pública 2019, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en Exportadora de Sal 97 millones de pesos de presuntas irregularidades, y en la fiscalización de 2020, fueron 692.5 millones de pesos, la mayoría por la venta de sal sin contratos de por medio.

Una de las mayores observaciones fue por 342.5 millones de pesos por la venta de sal de mesa a menor precio del autorizado a la Sociedad Cooperativa Sales de Punta Prieta, y otros 42.9 millones de pesos, por la misma anomalía, pero con la empresa Agroarvi, SA de CV.

Por esos hechos, la Auditoría pidió “al Órgano Interno de Control en Exportadora de Sal o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, realizaron ventas de sal sin haber formalizado un contrato de compraventa”.

PAGAN HASTA TAXIS AÉREOS

Otros 212.2 millones de pesos fueron porque, aunque se trata de una empresa pública debe acatar los topes de remuneraciones de los servidores públicos; sin embargo, los funcionarios de Exportadora de Sal, sin especificar cuáles, se autorizaron sueldos superiores.

La ASF destaca que halló irregularidades por “pagos por encima de su equivalente y plazas no autorizadas en el Manual de Organización ni en el Analítico de Mando Plazas y Remuneraciones del Presupuesto de Egresos de la Federación”.

Exportadora de Sal cuenta con un avión Beechcraft, el cual está varado en Estados Unidos debido a que se pagaron 20.1 millones de pesos a las empresas Socal Jet Services, Engine Management Specialist, Circle Air Group, pero no se acreditó que realizarán las intervenciones mecánicas a la aeronave.

A su vez, la salinera pagó 882 mil 53 pesos Aéreo Servicio Guerrero, SA de CV por servicios de taxis aéreos para funcionarios públicos de mando sin acreditarse la urgencia y en los cuales se incluyeron a menores de edad y personas ajenas a la empresa.

A la empresa Cedros Marítima le pagaron dos millones por pilotaje de buques, sin que se presentara documentación de que se presentó el servicio. También a Solorzano, Carvajal, Gonzalez y Pérez Correa SC le dieron 3.5 millones sin justificar el gasto en asesoría jurídica especializada.

A Oscar & Maritime Agency, SA de CV, 16.6 millones de pesos por la contratación de siete capitanes de buques, un piloto, copiloto y un asesor, pero no hay justificación que compruebe que se brindaron esos servicios.

Por otra parte, Seguridad Privada Integral Macotela cobró 11.3 millones de pesos porque no acreditó que brindó seguridad a instalaciones en 2020; además de que no tenía autorización federal para prestar dichos servicios durante todo el año 2020.

La Auditoría concluye que Exportadora de Sal no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables, con el hallazgo de ventas de sal sin contratos comerciales, a precios menores y en condiciones no autorizadas por el Consejo de Administración; inconsistencias en el pago de nómina en cuanto a las categorías salariales.

“Los procedimientos de contratación no se llevaron conforme a la normativa aplicable y las excepciones a las licitaciones públicas no cumplieron con los requisitos y circunstancias señalados en cada caso”.

Y se “realizaron adquisiciones de bienes, servicios y arrendamientos que no tuvieron utilidad alguna para la entidad, ya que se observaron ociosos y deteriorándose”.

En la revisión de 2020, la fiscalización también halló irregularidades en otras empresas estatales: Diconsa, Liconsa y Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) por 8 mil 637 millones de pesos.

De acuerdo con las auditorías, Diconsa debe solventar mil 413 millones de pesos; Liconsa, mil 583 millones; y Segalmex, 5 mil 640 millones de pesos.

¿QUÉ ES EXPORTADORA DE SAL?

-Es una empresa mexicana, de participación estatal mayoritaria, sectorizada bajo la coordinación de la Secretaria de Economía.

-Fue constituida el 7 de abril de 1954 como una empresa mercantil, y a partir de 1976 se convirtió en paraestatal de participación mayoritaria del Gobierno.

-Su estructura accionaria es de 51% a favor del Fideicomiso de Fomento Minero (Fifomi) y 49% a favor de Mitsubishi Corporation.

-La actividad principal de ESSA, ubicada en Baja California Sur, es la producción, transportación y venta de sal marina, en un área aproximada de 80 mil 453 hectáreas.
LEG