Con el pretexto de privilegiar el derecho a la libertad de expresión y a la información, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna (Morena), presentó una iniciativa de decreto para interpretar el alcance del concepto de propaganda gubernamental, principio de imparcialidad y aplicación de sanciones para la revocación de mandato.
“Lo que estamos tratando de privilegiar con esto, es el derecho de la libertad de expresión y el derecho a la información. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la publicidad oficial que se equipara a la propaganda gubernamental o de comunicación social en nuestro régimen jurídico, debe de privilegiarse y las restricciones que tienen sólo son en el sentido de cuando se utilicen recursos públicos”, dijo Gutiérrez Luna al prestar su iniciativa.
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Expresó que la intención de restringir el uso de recursos públicos durante procesos electorales era que no se abusara de ellos para hacer promoción, “pero nunca fue la intención que se coartara el derecho de libertad de expresión de las personas, para poder manifestar ideas y tampoco que se limitara el derecho información de los ciudadanos para recibir esas ideas”.
Sostuvo que los órganos electorales han distorsionado la ley y cada vez restringen más la manifestación de ideas, ya sea de viva voz, en redes sociales o en entrevistas de los servidores públicos.
“Queremos dejar claro que estas restricciones que ha establecido el Tribunal Electoral, violentan el artículo 29 Constitucional, porque está restringiendo garantías de derechos humanos que tenemos todas y todos los ciudadanos”, sentenció Gutiérrez Luna.
El documento señala que no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de servidores públicos, ni la información de interés público que es difundida bajo cualquier formato.
Además, establece que las sanciones a las autoridades o servidores públicos de los poderes de la Unión, de los poderes locales, órganos de gobierno municipales, órganos de gobierno de la Ciudad de México, órganos autónomos y cualquier otro ente público deberán ser aplicadas bajo el principio de estricto derecho y no podrán aplicarse sanciones por analogía o mayoría de razón.
El diputado Santiago Torreblanca (PAN) advirtió que este decreto va a tener efectos no sólo para la revocación de mandato, sino también para futuros procesos electorales.
“Por lo tanto, un Gobernador podrá usar los medios de comunicación del Estado, en área de comunicación social y todos los recursos que no estén expresamente etiquetados para ese fin, para exaltarla su figura, la de su candidato, la de su partido político, y usar su poder y su tribuna para denostar a sus opositores”, dijo el panista.
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Del mismo partido, la diputada Paulina Rubio Fernández señaló que presentar una iniciativa y aprobarla el mismo día transgrede el proceso legislativo y el principio de democracia, aplastando a los que no son su mayoría.
Sobre la consulta de revocación de mandato expuso que México es el único país en el mundo que desde su Gobierno se promueve la revocación para su mismo Gobierno, “y ahora quieren manga ancha para el uso de recursos públicos, en un ejercicio tramposo que pretende exaltar la personalidad de su líder”.
Este decreto, dijo, resulta invasivo de las facultades constitucionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación porque busca imponer criterios de resolución en la forma de decreto.
OH