Por mucho tiempo, los espacios públicos fueron exclusivamente para hombres, mientras que a las mujeres se les relegó a las labores en el hogar, lo que ocasionó, por un lado, su exclusión de la toma de decisiones que afectan el destino de toda la sociedad y, por otra, una injusta dependencia económica, ante el carácter infravalorado y no remunerado del trabajo que desempeñan.

Poco a poco, la sociedad ha ido evolucionando gracias a la lucha de aquellas mujeres que, contra la adversidad, defendieron —y continúan defendiendo— sus derechos, logrando abrirse paso para reclamar su legítimo lugar tanto en el ámbito público como en el privado.

En nuestro país contamos con el ejemplo de la maestra y abogada María Lavalle Urbina, quien fue la primera mujer en recibirse de la carrera de Derecho en el Instituto Campechano, en 1945, y en 1964, junto a Alicia Arellano Tapia, se convirtió en una de las primeras senadoras de México. La abogada Lavalle también pasó a la historia por ser la primera presidenta del Senado de la República, y fue condecorada con el Premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1973, así como con la Medalla de Honor Belisario Domínguez en 1985.

Desde la elección de las dos primeras senadoras, pasaron 54 años para que las mujeres por fin participaran de manera paritaria en el Congreso de la Unión. En 2018, el apoyo de las mujeres al proyecto de nación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador fue decisivo para el triunfo en las urnas. La LXIV Legislatura, surgida de aquella victoria, fue la primera con una representación equilibrada de hombres y mujeres. En cuanto al ámbito privado, para el año 2020, en 33 de cada 100 hogares las mujeres son reconocidas como jefas de vivienda, debido, entre otras razones, a su mayor inclusión en el mercado laboral.

No obstante, la presencia de las mujeres en instituciones públicas y privadas se ha visto acompañada de innumerables casos de violencia y acoso, por lo que, desde la Cámara Alta, aprobamos en votación unánime el Convenio 190 sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo, adoptado en Ginebra en 2019, el cual genera nuevas obligaciones para el Gobierno mexicano en esta materia.

Aunque es claro que el acoso se debe eliminar en todas sus formas, el Convenio señala la importancia de adoptar un enfoque que tenga en cuenta las consideraciones de género, así como coordinar esfuerzos con organizaciones de personas empleadoras y trabajadoras para identificar los sectores u ocupaciones y las modalidades de trabajo en que hay mayor propensión a la violencia y el acoso. Además, se deberán diseñar y aplicar políticas públicas para prevenir estos ilícitos, impartir educación y orientación sobre el tema, velar por el acceso de las víctimas a las vías de reparación, y garantizar que existan medios de inspección e investigación efectivos.

La aprobación de este convenio genera obligaciones legislativas, que asumiremos desde la Cámara Alta con la confianza de que la integración paritaria de ésta garantizará que las senadoras las encabecen, con el apoyo de los senadores, a fin de que en el mundo del trabajo haya cada vez mayor participación femenina en condiciones de igualdad sustantiva.

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