En lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la opacidad ha ganado terreno.
Solicitudes de información que van desde el costo de un concierto en la conferencia Mañanera, el del mantenimiento de murales en Gobernación, o relacionadas con el aeropuerto en Santa Lucía han sido respondidas con un no hay evidencia documental o los datos están resguardados.
Además, en estos tres años de gestión, la transparencia de los sujetos obligados en México descendió en el Índice de Gobierno Abierto, rompiendo la tendencia positiva de la apertura gubernamental que el país había experimentado.
En la solicitud de información 0210000082021, donde solicita los costos que tuvo el concierto que ofreció Eugenia León en La Mañanera del 10 de mayo de 2021, la Oficina de la Presidencia de la República respondió que no se localizó evidencia documental que atienda el requerimiento del solicitante.
“No existe la obligación legal alguna de generar un documento con las características requeridas, enfatizando que se realizó una búsqueda exhaustiva, amplia y razonable en los archivos que obran en poder de esta Unidad Administrativa, sin encontrar elemento alguno que permita advertir o suponer que se generó en dichos archivos”, se lee en el documento.
A su vez, en la solicitud 330026222000250 realizada a la Secretaría de Gobernación –donde se solicitó copia pública de los contratos por los que se le da mantenimiento a los murales que se ubican en la explanada de esa dependencia, pintados por Ariosto Otero Reyes–, la dependencia a cargo de Adán Augusto López respondió que no se localizó documento alguno relacionado con algún contrato de mantenimiento a los murales.
Al respecto, fuentes de la Segob dijeron a 24 HORAS que dichas obras, entregadas en diciembre de 2020, tienen contratos de mantenimiento por 10 millones de pesos anuales.
Mientras que al solicitar la copia pública de los contratos de la construcción de la Torre de Control, así como de la construcción de las pistas de la terminal aérea y la copia de las Manifestaciones de Impacto Ambiental –mediante la solicitud 332724321000046 hecha a la empresa gubernamental Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles S.A de C.V–, se indicó que no se encontró evidencia documental.
En noviembre de 2021, el Gobierno –a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC)– reservó por cinco años los anexos técnicos que contienen los estudios de aeronavegabilidad, planes de inversión y otros documentos contenidos en el título de concesión del AIFA, otorgado a la empresa del mismo nombre que es controlada por el Ejército mexicano.
La autoridad aeronáutica mexicana señaló que la publicación de los anexos técnicos del título de concesión del aeropuerto en Santa Lucía podría desencadenar un sabotaje de la obra.
Además, Pemex catalogó como archivos de seguridad nacional, por cinco años, las bitácoras de mantenimiento de la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) Añil, lugar donde trabajadores señalan que el sistema contra incendios no sirve.
En la solicitud con folio 330023322000067, la empresa del Estado indica que “las instalaciones de Petróleos Mexicanos son catalogadas como de seguridad nacional con fundamento en lo establecido en el artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos (…)” .
TRANSPARENCIA CAE
De 2019 a 2021, la transparencia cayó pues el puntaje general nacional se ubicaba el año pasado en 0.48, cuatro puntos más bajo que el alcanzado en 2019, que fue de 0.52; donde 0 representa a un gobierno sin apertura y 1 a uno totalmente transparente y abierto.
Así se indica en un estudio realizado por el Centro de Investigación y Desarrollo Económico (CIDE), auspiciado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), presentado esta semana.
El Índice de Gobierno Abierto es una herramienta que mide la apertura de los gobiernos desde dos perspectivas: la gubernamental, que revisa que existan los canales adecuados; y la ciudadana, que se refiere a la facilidad para acercarse a los sujetos obligados.
La evaluación detectó que uno de los rubros más afectados fue el incumplimiento de plazos en los tiempos de respuesta, el cual en promedio es de 63 días, aunque hay casos que tardan hasta un año.
También la pandemia de Covid-19 afectó la apertura gubernamental, detalla el índice, debido a que el trabajo remoto dificultó la atención de las solicitudes.
GOBIERNO SE ENFOCA EN DISCURSO
Para Eduardo Bohórquez, director Ejecutivo de Transparencia Mexicana, la actual administración ha privilegiado la comunicación por encima de la transparencia.
“Al hablar de los temas, ha generado una sensación de apertura, pero el acceso a la información no ha mejorado. Algo similar ha ocurrido con el Congreso. Se habla de parlamento abierto, cuando en realidad son foros, y se ha ido perdiendo terreno en materia de información pública proactiva. Hay un mejor modelo de comunicación social, pero la transparencia se ha reducido en términos prácticos”.
Señaló que ven poco probable que haya un ajuste en términos de transparencia, pues desde la perspectiva del Gobierno, el acceso a la información es un lujo para periodistas e investigadores, pero no necesariamente un derecho del ciudadano.
FRASE
“La propaganda se distingue de la información porque busca construir una interpretación de los eventos desde la lógica del poder. La transparencia busca que la sociedad ejerza nuevos poderes y construya una nueva relación, de menor subordinación, con el gobierno”
Eduardo Bohórquez, director Ejecutivo de Transparencia Mexicana
HALLAZGOS
– Las instituciones de Gobierno no están realizando un reporte de obligaciones homogéneo.
-Aunque 95.5% de los sujetos obligados pone a disposición de la ciudadanía medios para contactarlos, sólo 58.1% contesta.
-El portal de datos abiertos de la Federación tuvo que descartarse como fuente de consulta para esta edición por los constantes problemas al intentar cargar el sitio web o descargar la información.
LEG