El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) proyecta ordenar que se investiguen las presuntas irregularidades cometidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y funcionarios de alto nivel, durante la consulta de revocación de mandato.
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Se prevé declarar improcedentes las impugnaciones del PRI, PAN y PRD para anular los resultados del proceso de votación, llevado a cabo el pasado 10 de abril, pero ante el cúmulo de denuncias por supuestas anomalías, el tribunal pedirá a diversas instancias electorales que indaguen y lleguen al fondo de las denuncias.
“Se da vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, a la Sala Regional Especializada de este tribunal electoral y a la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales para que, a partir de las constancias que integran los medios de impugnación, actúen conforme al ámbito de sus facultades y obligaciones”, indica el proyecto de sentencia.
Hasta el último corte, el INE informó que había 25 investigaciones abiertas por uso indebido de recursos públicos y más de 170 quejas por transgredir el principio de imparcialidad, cometidas en un lapso de dos meses.
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Uno de los casos más relevantes, que ya es investigado, es el uso de una aeronave de la Guardia Nacional por parte del titular de Gobernación Adán Augusto López, para asistir a un acto proselitista de promoción de la revocación de mandato.
El INE averigua si hubo un uso indebido de recursos públicos para publicitar la consulta; de comprobarse, podría configurarse como un delito electoral y correspondería a la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales indagar y, en su caso, iniciar el proceso ante las autoridades judiciales.
De los 175 procesos iniciados por la Comisión de Quejas y Denuncias, la mayoría son violaciones al principio de imparcialidad por parte del presidente López Obrador e integrantes de su gabinete, al publicitar logros y acciones de Gobierno y fijar posicionamientos sobre la revocación de mandato.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el INE y los institutos locales electorales eran los únicos facultados para promover ese ejercicio de votación.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, había advertido sobre la “irresponsabilidad de los actores políticos que sistemática, reiterada, dolosa, abierta y descaradamente están violando la ley”.
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