Luego de reconocer que a pesar de los esfuerzos que ha realizado México, es muy difícil “encuadrar” para procesar a los victimarios en el delito de trata de personas con fines de explotación laboral y sexual, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, propuso elevar hasta 45 años de prisión, las penas por trata de personas.
A través de una iniciativa para reformar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las víctimas de estos delitos, propuso pena de 20 a 40 años a quien obligue a contraer matrimonio a cambio de dinero o con el fin de prostituirla.
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Además de una pena de 25 a 45 años de prisión a quien con la finalidad de explotar sexualmente a su pareja o descendientes de ésta, establezca alguna relación sentimental análoga (distinta al matrimonio) bajo el engaño de constituir una familia.
En su propuesta, la senadora de Morena, también establece la obligación a las autoridades de Salud y Turismo que tengan conocimiento de la posible comisión de un delito de trata de personas, de dar aviso inmediato al Ministerio Público, “debiendo prestar inmediatamente la protección respectiva a la víctima”.
También garantiza el acompañamiento especializado efectivo a las víctimas, resguardo de identidad, apoyo físico, psicológico y jurídico, así como la obligación a la autoridad de recibir las denuncias por cualquier medio, físico, electrónico.
Y se establece la obligación de los servidores públicos de recibir “por cualquier medio, físico, electrónico, por comparecencia o con el auxilio de una tercera persona, la denuncia del delito de trata de personas”.
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“México ha hecho muchos esfuerzos, pero desafortunadamente es muy difícil de encuadrar para procesar a los victimarios, por eso busco mejorar leyes para hacer viable la judicialización de casos”, señaló la senadora Sánchez Cordero.
De ahí que su iniciativa busque fortalecer los estándares de seguridad, transparencia y disponibilidad de los procesos, reducirá tiempos, contribuirá al acceso a la justicia, y abonar al respeto del derecho a un medio ambiente sano y contempla fortalecimiento presupuestal y coordinación con autoridades de turismo, comunicaciones y transportes.
KA