La Cámara de Diputados recibió ayer una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal enviada por el Presidente de la República y con la cual transfiere la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la de la Función Pública (SFP) respecto a la coordinación y conducción de las Unidades de Administración y Finanzas con excepción de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y las empresas productivas del Estado.
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Con la propuesta, la SFP podrá nombrar y remover a los titulares de estas unidades y en el sector paraestatal podrá proponer al órgano de gobierno el nombramiento y remoción de los mismos.
El proyecto de decreto, que fue turnado a la Comisión de Gobernación y Población, planea concentrar en la SFP la planeación, establecimiento, conducción y aplicación de la política de contrataciones públicas reguladas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Además, la dependencia, a cargo de Roberto Salcedo Aquino podrá participar en las negociaciones comerciales internacionales relaciones con compras del sector público, coordinar las compras estratégicas y elaborar disposiciones que promuevan la participación de la proveeduría nacional.
Las Unidades de Administración y Finanzas sustituyeron a las oficialías mayores de las dependencias debido a la política de austeridad impuesta por el actual Gobierno federal.
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La reforma plantea que el titular de la SFP “incida de manera determinante en las entidades paraestatales mediante la facultad de proponer a sus órganos de gobierno el nombramiento y solicitar la remoción de sus titulares de las Unidades de Administración y Finanzas o equivalentes”.
En la exposición de motivo se indica que la iniciativa busca también la reducción de estructuras y la redistribución de funciones de los órganos internos de control para generar ahorros y cubrir con la estructura mínima indispensable las necesidades en la vigilancia, control y evaluación de la gestión pública.
klcg