El presidente Andrés Manuel López Obrador había puesto toda su confianza en sus operadores políticos de la Cámara de Diputados para que operaran la aprobación de su contrarreforma constitucional en materia energética.

Si López Obrador no explotó con el fracaso político del rechazo a su iniciativa fue porque cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le fallaron al país, pero le cumplieron al Presidente e impidieron la declaratoria de inconstitucionalidad de las recientes modificaciones a las leyes secundarias del sector eléctrico.

Claro que el enojo del dirigente de la 4T fue importante, tanto que en cuestión de horas le dieron trámite legislativo a una improvisada modificación a la Ley Minera, que dio gusto a López Obrador con lo que él entiende como protección del litio para el Estado. Aunque esto refrendó la desconfianza empresarial en un país de ocurrencias.

Pero sus operadores políticos quedaron en total descrédito ante la mirada presidencial, porque simplemente no pudieron operar los dictados de Palacio Nacional.

Y la respuesta es la radicalización. Quieren traspasar su ineptitud política y tratar de generar un ambiente de linchamiento, ya abierto con nombre y apellido, en contra de todos aquellos que no piensen y actúen como ellos, empezando por los diputados que rechazaron la abusiva y dañina contrarreforma eléctrica.

Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, fue incapaz de operar satisfactoriamente la contrarreforma de su jefe el presidente López Obrador, pero sí es capaz de subir a la tribuna pública a pedir el “fusilamiento” de los 223 diputados que votaron en contra de la propuesta presidencial.

Mario Delgado, encargado del partido político del Presidente, quiere “que el pueblo decida” si se debe enjuiciar a los legisladores de oposición que en pleno ejercicio de sus derechos políticos como diputados votaron en contra de la aberrante contrarreforma presidencial.

Estas declaraciones deberían ser un escándalo en una democracia, pero la permisividad que ha alcanzado el populismo en México hace que estas manifestaciones, cada vez más abiertas, constantes y violentas, de imponer un régimen totalitario, se normalicen.

Y si bien no hay manera legal de enjuiciar a legisladores opositores por el sentido de sus votos, sí es posible enardecer a una plaza pública que está dispuesta a creerle todo a su tlatoani.

La normalización de la violencia verbal, en las mañaneras y en las plazas públicas, no es sino un paso previo a la violencia física como alternativa de retención del poder.

No son simples anécdotas del folklor político mexicano, son alertas importantes del alcance de estos grupos que pueden traspasar la frustración de su impericia política y administrativa a la calle, a elevar la polarización a otros niveles de violencia que superen los actuales de sus expresiones.

No se puede normalizar ese discurso de odio que solo muestra un claro deseo autoritario.

Seguimos a tiempo de elevar la voz como sociedad en contra de estos hechos que son muy graves, cada vez más constantes y que claramente quieren marcar un camino de aplastar a los que ya ven como sus enemigos.

Nos están haciendo el favor de avisarnos a tiempo de sus planes.

 

@campossuarez