La consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador –cuyo costo final fue de mil 567 millones de pesos – culminará con 108 demandas diarias, en promedio, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) debido a posibles irregularidades.
En comparación, en 2021, cuando se llevó a cabo la elección más grande de la historia del país, con más de 20 mil cargos en disputa, dicho tribunal electoral recibió 18 mil 242, en promedio, 49 diarias.
El órgano judicial llevará a cabo hoy la sesión en la emitirá la declaratoria de conclusión de la consulta, así como el cómputo final.
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Se prevé que el tribunal electoral determine la invalidez del proceso de revocación de mandato, por no alcanzar el requisito constitucional de una participación de 40% de los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral; es decir, más de 37 millones de votos.
“Esta Sala Superior determina que no se cumplen los requisitos constitucionales y legales para considerar válido el proceso de revocación de mandato del presidente de la República, electo para el periodo constitucional 2018-2024”, señala el proyecto de sentencia.
Por carecer de efectos jurídicos debido a que la consulta no fue vinculante –indica el proyecto–, el TEPJF determinaría como improcedente la demanda presentada por PAN, PRD y PRI para anularla e incluir un apartado con el reporte de presuntas irregularidades, así como el ordenamiento de investigar el posible uso indebido de recursos públicos por parte del Presidente y otros funcionarios de alto nivel.
La declaración de invalidez de la consulta implica que la votación del pasado 10 de abril, en la cual participaron más de 17 millones de mexicanos, no tiene ningún efecto legal ni jurídico, con lo que se da por concluido el proceso de revocación, que, de cumplirse los requisitos, podría repetirse hasta 2027, con el siguiente Presidente.
También pretenden desechar la impugnación del mandatario nacional, la cual pedía invalidar el informe final, porque el Instituto Nacional Electoral (INE) incluyó el cúmulo de quejas interpuestas por la intervención indebida del Ejecutivo.
“La Sala Superior declara improcedentes los juicios de inconformidad al ser inviables las pretensiones de los actores, pues el proceso de revocación de mandato no alcanzó el porcentaje de participación exigido, por lo que carece de efectos jurídicos”, señala el documento que será votado hoy.
DEMANDAS
El TEPJF, en el periodo enero-marzo, recibió 6 mil 505 demandas por alguna irregularidad en la consulta de revocación de mandato; es decir, 108 diarias, en promedio.
Del total de juicios sobre la revocación, 98.5% fueron desechados y 263 causaron sentencia del TEPJF, la mayoría por impugnaciones contra las reglas o por intromisión indebida de funcionarios, el Presidente y partidos políticos.
Aunado a los más de seis mil juicios resueltos por el tribunal, previo a declarar la invalidez de la consulta, en paralelo las autoridades electorales tienen investigaciones abiertas de otros 25 casos, en los que se indaga el presunto uso indebido de recursos públicos para promover el ejercicio y la imagen de López Obrador.
La misión de observación internacional Delian Project identificó un grado de judicialización alto por varios factores: “incertidumbre acerca de las nuevas leyes y regulaciones; los partidos políticos son propensos a poner a prueba los límites legales de las leyes e impugnar cualquier decisión del INE que desaprueben y porque México está sumamente polarizado”.
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TABLA
CASOS RELEVANTES
Algunas de las acciones que generaron polémica durante el período de la consulta fueron:
- 21 de marzo. El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles; el INE ordenó bajar los videos por emitir propaganda en periodo prohibido.
- 3 de abril. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, fue denunciado por presuntamente utilizar un avión de la Guardia Nacional para asistir a un evento de promoción de López Obrador y la consulta.
- 10 de abril. Debido a una foto que publicó en redes sociales, el líder de Morena, Mario Delgado, fue denunciado por un posible acarreo de votantes para sufragar en la consulta, lo cual se podría configurar como delito electoral
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