El Senado cerró el segundo periodo del primer año de la LXV Legislatura con llamados a la unidad y a parar los linchamientos políticos; pero dejaron pendientes temas para sancionar la violencia contra las mujeres y 37 nombramientos.
Ayer en la Comisión de Justicia se aprobaron reformas al Código Penal Federal por el que se tipifican como delito los ataques con ácido y sustancias químicas en contra de mujeres.
Además, plantea sanciones de siete a 13 años de prisión y multa de 300 a 700 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien cause a otros lesiones, usando para ello cualquier tipo de sustancia corrosiva, ácidos y sustancias similares.
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En 2021, México registró 3 mil 751 asesinatos de mujeres, de los cuales mil 004 fueron clasificados como feminicidios. En tanto, la Fundación Carmen Sánchez tiene documentados 31 ataques con ácido contra mujeres desde 2001, de las cuales seis fallecieron.
El delito va al alza: en 2021 hubo siete casos, frente a dos en promedio de años anteriores. Martha Ávila, de 63 años, se define como “víctima colateral” de esta crueldad. El 8 de marzo de 2017 fue agredida por el exesposo argentino de su hija.
“Vino para atacarla a ella, pero como no la encontró, me buscó a mí. Su expresión fue que iba a destruir lo que ella más quería”, rememora esta mujer que sufrió quemaduras en 40% del cuerpo.
Ocho de los 32 estados mexicanos tienen leyes para castigar estos ataques, pero los autores pueden reducir la pena si confiesan el crimen. El agresor de Martha podría quedar libre en dos años. Pese a todo, esta mujer se dice “afortunada” porque la víctima no fue su hija.
En otro tema, la Cámara alta se avalaron reformas al Código Penal Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de legítima defensa, en la cual se establece que “no se considerará exceso en la legítima defensa, cuando al momento en que ésta se concretiza concurran circunstancias en las que la persona agredida sufra miedo o terror que afecte su capacidad para determinar el límite adecuado de su respuesta o la racionalidad de los medios empleados”.
Sin embargo, quedaron pendientes temas avalados por la Cámara de Diputados sobre tipificar el intento de feminicidio y la prohibición del matrimonio forzado que fueron turnados al Senado.
También pasó un dictamen para tipificar el asedio en medios electrónicos como una conducta que afecta a la integridad y se contemplan sanciones de uno a cinco años de prisión y multa de 500 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
ADVIERTEN POLARIZACIÓN
La coordinadora del Grupo Plural, Nancy de la Sierra, advirtió que se debe avanzar unidos hacia la recuperación de un México profundamente fracturado por una pandemia global, una crisis sanitaria que ha causado una inflación generalizada de niveles históricos, que aumentó la pobreza en 10% en nuestro país y que, sin duda, profundizó la huella de desigualdad y la brecha imponiendo injustas cargas sobre las personas más vulnerables en México”.
Mientras que el coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, destacó que “México avanza por una ruta peligrosa no sólo por el desencuentro y confrontación, hay una negación de la realidad y no se asumen responsabilidades, ante la falta de resultados se opta por la polarización y por dividir en lugar de sumar”.
El coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, refirió que se ha encontrado un discurso polarizador “que a pesar de las intenciones que se puedan tener aquí en el Senado, no hablaré por la otra Cámara, pero que se tengan aquí en el Senado, en muchas ocasiones no se convierten en los hechos a la hora de llegar a los acuerdos o de aprobar los instrumentos legislativos”.
AVALAN CREACIÓN DE CENTRO PARA IDENTIFICAR RESTOS
Por unanimidad, el Senado aprobó la creación del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), que será una unidad administrativa dentro de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, con independencia técnico-científica, que no suplirá las responsabilidades y obligaciones de los servicios forenses de las fiscalías y procuradurías del país.
Con 117 votos a favor, los senadores aprobaron la propuesta del titular del Ejecutivo Federal que reforma la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Entre las funciones del nuevo Centro están: el diseño y ejecución de acciones de búsqueda forense con fines de identificación humana; recolectar, resguardar, trasladar y analizar restos humanos y muestras óseas que se recuperen de fosas comunes y de inhumaciones clandestinas no identificadas, con fines de procesamiento genético.
Al respecto, la senadora del PAN, Kenia López, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, afirmó que con este centro de fortalece a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Refirió que de 2018 a la fecha hay 30 mil personas desaparecidas.
El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, dijo que la dimensión de la tragedia es aproximadamente del tamaño de un Estadio Azteca.
El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, reprochó que el CNIH no tenga los recursos suficientes para operar.
“Pero, vamos a insistir también y vamos a estar con esta tarea, es que tenga los recursos suficientes. ¿Cómo se va a crear un Centro Nacional?, que además requiere inversiones muy importantes para dotarlo de equipamiento, de tecnología de punta, de personal de alta especialidad”.
La aprobación fue pasada al Ejecutivo para su publicación.
URGEN A TEJER REDES DE APOYO
Organizaciones en pro de los derechos de niñas, niños y adolescentes recomendaron impulsar redes de apoyo entre la sociedad civil y agrupaciones, así como reforzar la educación, para prevenir casos de desaparición forzada y feminicidios.
De acuerdo con el grupo Aquí Estamos, en el país solo al 4% de los casos de feminicidio de adolescentes y niñas se le dictó una sentencia durante el año pasado, por lo que resaltaron que se visibilice el tema enfocado a las infancias.
Durante el panel “¿Cómo detener las desapariciones y feminicidios de niñas en México?”, la periodista Katia Diéguez manifestó que la falta de articulación de las instituciones encargadas de velar y garantizar los derechos infantiles es una de las problemáticas que contribuyen al alto grado de impunidad en los casos.
“Hemos visto siempre que lo que más le falta a las familias, lo que genera un cambio, es el acompañamiento. (…) Se trata de acompañarnos, de dar la información que nosotros como periodistas sabemos, que quienes son expertos en organizaciones de la sociedad civil la puedan ofrecer, pero también otras familias que han pasado por situaciones similares”, señaló Diéguez.
Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, urgieron a la población a exigir al Estado que garantice el buen funcionamiento del sistema.
OH