En clara contradicción con la tradicional política migratoria de México… y de sus propios pronunciamientos, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador impuso políticas antiinmigrantes bajo presión del expresidente Donald Trump, impidiendo la entrada de solicitantes de asilo político a Estados Unidos, demorando sus procesos y exponiéndolos a abusos y condiciones deplorables.
Inicialmente desafiante, el mandatario mexicano quiso rechazar tajantemente el Acuerdo de Tercer País Seguro que impulsaba Trump, como hizo su antecesor, Enrique Peña Nieto.
Pero no pudo. Tras insultar a México, Trump amenazó con cerrar la frontera, dar por terminado el TLCAN e imponer tarifas graduales a todas las importaciones de productos mexicanos hacia Estados Unidos, mismas que incrementarían gradualmente hasta llegar a un 25%, poniendo en riesgo la relación económica de México con su principal socio comercial, impactando el valor del peso y agudizando los problemas económicos internos.
Con esta declaración de guerra económica, López Obrador fue sometido y forzado a participar en la cruenta guerra de Trump contra la inmigración latina, ordenando mas vigilancia policíaca y retenes para terminar con las caravanas migrantes que salían de Centroamérica hacia Estados Unidos, alimentando la furia de Trump.
El republicano, quien se refiere a la migración como una “invasión”, sugirió detenerla cavando zanjas profundas infestadas de cocodrilos o serpientes venenosas, levantando muros de acero electrificados, o incluso permitiendo que la Patrulla Fronteriza les disparara “cuando menos a las piernas” para disuadirlos. Ordenó detener y reprimir violentamente a quienes lograron llegar a su frontera con Tijuana, con alambradas instaladas por tropas estadounidenses y disparos de granadas de gas lacrimógeno contra mujeres y niños.
El mandatario mexicano envió inicialmente 6 mil (de 28 mil) soldados que -según Trump-, ahora vigilan las fronteras norte y sur de México. Además, desplazó tropas al norte que, de acuerdo con organizaciones pro Derechos Humanos, “vigilaron, acosaron, intimidaron y detuvieron” a los organizadores de las caravanas, con base en información biométrica proporcionada por México a EU y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, de la ONU, incluyendo antecedentes penales de los implicados.
Finalmente, el gobierno del presidente López Obrador aceptó imponer un programa de tipo “Tercer País Seguro” -discutido desde 2018-, y que entró en vigor en enero de 2019. Se trató de uno similar al firmado con Canadá en 2002, aquí conocido como “Quédate en México”. El plan fue aparentemente negociado de una forma irregular antes de la toma de posesión del presidente López Obrador, e impediría la entrada a los solicitantes de asilo político a EU.
A mediados de 2019, Trump, Mike Pompeo (secretario de Estado) y Kirstjen Nielsen (secretaria de Seguridad Nacional), anunciaron en diferentes eventos el “histórico acuerdo” que obligó al gobierno de México a adoptar una política migratoria contradictoria a sus tradiciones y declaraciones.
Del 10 al 12 de junio de 2019, Trump anunció en Washington el acuerdo informal, producto de una negociación secreta e irregular de Javier López Casarín, sin representación oficial del gobierno Mexicano, firmado también en una reunión secreta en Houston, Texas, y encabezada por los secretarios Pompeo, de EU, y de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, aunque al calce del documento asienta que se firmó en Washington, DC.
Es notable que en el “acuerdo” no aparecen los nombres de los presidentes ni de los responsables de la política exterior de cada país, sólo la de Marik A. String y la de Alejandro Celorio Alcántara, asesores legales de los gobiernos de México y Estados Unidos.
En entrevista exclusiva con el periodista Joaquín López-Dóriga, la embajadora emérita Martha Bárcena, exjefa de la misión diplomática mexicana en Washington, reveló que el programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, en inglés), de cuya discusión no fue parte y del que se le informó tiempo después, se negoció desde finales de octubre hasta mediados de noviembre de 2018, antes de la toma de posesión de López Obrador.
La diplomática detalló que López Casarín -asesor de Ebrard, sin cargo ni representación oficial-, se reunió secretamente en San Antonio y en Houston, Texas, con representantes de los departamentos de Estado y de Seguridad Interna para negociar tiempos y plazos.
Cuando el expresidente Trump reveló el acuerdo suplementario, que contiene la provisión secreta de tercer país seguro, fue categóricamente desmentido y rechazado por Ebrard. Sin embargo, el documento que Trump ondeó ante los periodistas fue hábilmente capturado por la cámara de Jabin Botsford, del diario Washington Post, y reveló casi todo el contenido, que difundió su periódico y, posteriormente, fue difundido a la prensa. Eso dejó a Ebrard con la raquítica explicación de que “se suponía que no se haría público”.
El gobierno de México asumió esa misma postura en el documento de una reunión de funcionarios de México y Estados Unidos, con Filippo Grandi, titular de la ACNUR, el 1 de noviembre de 2018, una evidencia más de que México ya había aceptado el compromiso de implementar el Acuerdo de Tercer País Seguro.
“México ha permitido que de manera informal inicien procesos de reasentamiento de tercer país seguro, pero el Gobierno de México no quiere que esto se dé a conocer abiertamente al público”, dice el documento de ACNUR, agencia que también expresó preocupación por la exposición de perseguidos políticos que huyen de la violencia y solicitan asilo político.
El acuerdo secreto de la 4T generó problemas y tensión en la relación de la embajadora Bárcena con autoridades estadounidenses, al grado que, en una ocasión, Nielsen interrumpió una reunión de trabajo en la que se abordó el tema, se levantó y estuvo a punto de marcharse.
La experimentada diplomática mexicana -que se retiró tras casi medio siglo en el Servicio Exterior Mexicano-, reveló que López Casarín se disponía a abrir, también de manera irregular, una oficina en Washington paralela a la embajada, a lo que se opuso el presidente López Obrador, quien obligó a suspender el proyecto.
La declaración preliminar establecía “el compromiso de México para examinar sus actuales prácticas de política migratoria e identificar desafíos legales que podrían ser necesarios para poner en efecto el acuerdo, tras los plazos de evaluación acordados en junio de 2019”.
Tonatiuh Guillen, exdirector del Instituto Nacional de Migración, advirtió que México no tenía capacidad para recibir a solicitantes de asilo político… y fue destituido. La Unión Americana de Derechos Civiles, la Fundación de Derechos Civiles y Human Rights Watch denunciaron la ilegalidad de esa medida, además de las difíciles condiciones a las que se somete a quienes escapan de la violencia”.
Algunos de esos temas, que la Casa Blanca trata de eliminar, fueron abordados en la conversación del actual presidente, Joe Biden, durante una conversación con su homólogo mexicano, previa al viaje a Washington que realizará Marcelo Ebrard.
DEMANDA NO CESA
210, 000
migrantes intentaron cruzar la frontera México-EU en marzo pasado, récord de dos décadas
19%
de la población en Estados Unidos es de origen migrante latinoamericano, según su censo
LEG