El Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio (ICC México) recomendó que las medidas que tome el Gobierno para estabilizar precios de productos de la canasta básica no violen la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE).
La organización con una red global de más de 45 millones de empresas, cámaras de comercio y asociaciones empresariales coincidió con el objetivo de apoyar a las personas con menos recursos, pero en términos que no infrinjan la ley.
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ICC México manifestó que tanto el Gobierno como las empresas deben conocer los riesgos e implicaciones de reunirse para discutir los problemas relacionados con el alza de precios.
“El artículo 9 de la LFCE señala que, para poder fijar precios oficiales o precios máximos de un producto, la Comisión Federal de Competencia Económica debe hacer una declaración previa de que en el mercado de que se trate, no existe competencia efectiva o hay una distorsión en el mercado que lo impide”, argumentó en un comunicado.
Agregó que hasta entonces, la Secretaría de Economía o el presidente pueden convocar a productores, distribuidores y comercializadores para informarles que debido a una falla de mercado, temporalmente se fijará el precio máximo tomando en cuenta sus costos y márgenes de ganancia razonables.
Manifestó que en caso de omitirse ese paso, las empresas manipularían el precio y violarían el artículo 53 de la LFCE, una acción que se sanciona con hasta el 10% de los ingresos de las compañías, independientemente de responsabilidades de carácter penal.
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Señaló que la Suprema Corte ha indicado que la práctica no se configura porque su monto haya sido a la baja o al alza, sino por la existencia de acuerdos adoptados entre agentes económicos.
“De ahí que si empresas competidoras se reúnen -a petición del Gobierno– a discutir no aumentar precios a determinado nivel, estarían en riesgo de violar la LFCE y cometer un delito federal”, sostuvo.
La organización hizo un llamado urgente para que la Cofece y el Gobierno diseñen mecanismos de diálogo con el sector privado que eviten violaciones a la ley.
El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró la semana pasada que este miércoles su Gobierno anunciaría un plan que incluiría “precios parejos” en 24 productos de la canasta básica “para que la gente más humilde no padezca y que tenga garantizado lo básico a un precio justo”.
La inflación general en la primera quincena de abril se ubicó en 7.72% anual, la tasa más alta en 21 años, aunque el alza de precios es producto de los choques externos de oferta por la pandemia y la guerra en Ucrania.
“Control de precios, solo en corto plazo”
A título personal, el subgobernador de Banxico, Jonathan Heath, consideró que los controles de precios solo funcionan en el corto plazo, por lo que se debe tener mucho cuidado en su instrumentación.
“Sin embargo, no me molesta pensar ‘fuera de la caja’ en búsqueda de políticas que nos puedan ayudar a contrarrestar la inflación”, escribió en su cuenta de Twitter.
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Expresó que el combate a la inflación no es exclusivo del banco central y que el Ejecutivo tiene la facultad exclusiva de determinar precios máximos mediante decretos, pero antes la Cofece debe determinar que no hay condiciones de competencia efectiva en mercados.
“Con base en esta normatividad, el banco central no cuenta con facultades de establecer precios máximos. Si el Ejecutivo decide instrumentar una política al respecto, está en su derecho. El banco central puede opinar al respecto y ofrecer asesoría solamente”, apuntó.
LEG