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Foto: Twitter @AlvaroUribeVel / Cepeda denunció en el Congreso públicamente supuestos vínculos de Uribe con la creación de un grupo paramilitar  

Álvaro Uribe Vélez es considerado por la prensa nacional e internacional como el político más influyente en Colombia desde el 2000. Fue senador de la República (1986-1990 y 1990-1994), pero su ambición por el poder no se quedaría ahí. En las elecciones presidenciales de Colombia, en 2002, decidió presentarse como candidato independiente. Obtuvo la presidencia de su país con 53% de los votos totales en la primera vuelta.

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Impulsó su política de seguridad democrática centrada en dos ejes, recuperar el control del territorio por parte del Estado con la creación de batallones de alta montaña y atacar las retaguardias de las guerrillas.

En búsqueda de estar más tiempo en el poder, después de impulsar una reforma a la constitución que permitía la reelección inmediata Uribe permaneció en el período 2006-2010.

Tras terminar su segundo periodo presidencial, demandó en 2012 a uno de sus opositores políticos, Iván Cepeda, por buscar en la cárcel testimonios de paramilitares de manera irregular para que declarasen en su contra y vincularlo con grupos ilegales.

Cepeda denunció en el Congreso públicamente supuestos vínculos de Uribe con la creación de un grupo paramilitar. Después de seis años de investigación, en 2018 la Corte Suprema de Justicia cerró la denuncia contra Cepeda al no encontrar méritos. Por el contrario, el tribunal abrió un nuevo proceso contra Uribe para investigar si había sido él quien presuntamente intentó manipular testigos en contra de Cepeda.

En agosto de 2020, la Corte Suprema ordenó el arresto de Uribe por considerar que había “posibles riesgos de obstrucción de la justicia”. La fiscalía general de la Nación, en marzo de 2021, solicitó archivar el caso del exmandatario, apelando ausencia de delito. A finales de abril, la jueza Carmen Helena Ortiz denegó la solicitud, por lo que ésta podrá ser apelada por la defensa de Uribe ante el Tribunal Superior de Bogotá, que tomaría la decisión final.

El peso político y popularidad del exmandatario hacen que su caso trascienda el ámbito jurídico, tomando mayor importancia cuando se llevarán a cabo las elecciones presidenciales de Colombia el 29 de mayo.

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