Colombia ha puesto el ejemplo de control en tiempos electorales al sancionar a funcionarios en activo por pronunciarse sobre candidatos, coaliciones, partidos o ideologías… lo malo es que predominan los castigos contra quienes simpatizan con la izquierda, ala que va arriba en las preferencias.
En un contexto preelectoral (la primera vuelta presidencial se celebra este domingo 29 de mayo) el martes por la noche fue suspendido de su cargo como alcalde de Medellín Daniel Quintero, pues se investigará su presunta violación de la norma que le impide intervenir en las campañas.
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El alcalde denunció la suspensión acusando que había iniciado un golpe de Estado, visión secundada incluso por el candidato presidencial Gustavo Petro, quien pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos defender el voto popular.
¿A qué se referían?, la hipótesis que permea entre la oposición colombiana es que, por tratarse de la primera vez en que la izquierda es favorita en la carrera presidencial, existe una persecución contra sus representantes y simpatizantes, pues el mismo presidente Iván Duque y el general del ejército, general Eduardo Zapateiro, también han sido denunciados por comentarios en contra de Petro… sin recibir sanción alguna.
El político que llegó al cargo como independiente en 2020 divulgó un video en sus redes sociales en el que envía un mensaje implícito de apoyo a Petro, senador de izquierda favorito para suceder a Duque.
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Quintero, de 41 años, aparece al frente del volante de un vehículo manipulando la palanca de velocidades y diciendo “el cambio, en primera”, juego de palabras asociado con el anhelo izquierdista: triunfar desde la primera vuelta electoral, el domingo 29.
Pero el gusto del atrevimiento duró poco. Margarita Cabello, procuradora general de la nación, afín al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), ordenó una investigación disciplinaria y la suspensión provisional de Quintero y tres políticos más cuyo apoyo fue manifiesto hacia la izquierda, un proceso que puede tomar hasta tres meses. Ella lo categorizó como una “presunta y reiterada intervención en actividades y controversias políticas”.
Y es que en Colombia, la Constitución prohíbe a los funcionarios, incluidos militares, intervenir en actividades electorales. “Ningún servidor público puede utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos”, detalló la abogada. Pero la aplicación de la norma no ha sido del todo equitativa.
FANTASMAS DEL PASADO
Quintero llegó en 2020 a la alcaldía de Medellín como un político independiente alejado de la derecha que históricamente ha gobernado esa ciudad, con el apoyo de 303 mil votantes (tiene 2.5 millones de habitantes). El mismo Álvaro Uribe fue alcalde de Medellín (1982).
En 2013, la Procuraduría colombiana destituyó como alcalde de Bogotá a Petro acusándolo de haber actuado con dolo cuando reformó el sistema de recolección de basura. El entonces mandatario llevó su caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le otorgó medidas cautelares, permitiéndole regresar al cargo en 2014.
Hoy, Gustavo Petro hace temblar a los amigos de Uribe (como la procuradora Cabello) y al gobierno de Duque. Quizás por tratarse de un exrebelde y opositor de izquierda que combatió al Estado hasta inicios de los años noventa. Antes de que Uribe apostara por la seguridad en su gestión.
LEG