De conformidad con el Derecho Internacional Humanitario, y retomando lo estipulado en los Convenios de Ginebra de 1949, un conflicto armado internacional se actualiza cuando un Estado recurre a la fuerza armada contra otro Estado, independientemente de si se hace una declaración de guerra o si una de las Partes niega la existencia de un estado de guerra. Lamentablemente, en el caso específico de la agresión de Rusia contra Ucrania, se reúnen estos elementos definitorios que permiten calificarlo como un conflicto de esa naturaleza.
Este conflicto, que se ha prolongado por más de 75 días, constituye una violación de los Convenios referidos, mismos que ratificó el Estado ruso en la década de los años cincuenta. Esto, debido a que se han cometido ataques contra civiles, combatientes, heridos e incluso personas enfermas. Un ejemplo claro es el ataque reciente a un centro comercial y a dos hospitales en la ciudad de Odesa.
Como consecuencia directa de esta agresión, más de 5 millones de ucranianas y ucranianos han tenido que abandonar su país por miedo a perder la vida y han solicitado asilo en diversos Estados, amparándose en la Convención y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y 1967, respectivamente.
Por proximidad, los Estados miembros de la Unión Europea (UE), especialmente los del este, han sido los principales receptores de migrantes provenientes de Ucrania. De acuerdo con el sitio web Statista, al 28 de abril más de 5.4 millones de ucranianos habían huido de su país. De este número, casi 3 millones se han asentado en Polonia, más de 800 mil en Rumania y más de 350 mil en Eslovaquia.
Ante este escenario, las instituciones europeas, por ejemplo, han modificado diversos instrumentos internos, como el Fondo de Asilo, Migración e Integración, para aumentar los recursos económicos que se canalizan a los Estados que reciben a las personas migrantes provenientes de Ucrania. Además, se ha previsto el otorgamiento de más de 90 mil millones de euros en ayuda monetaria para Ucrania y Moldavia.
En el mismo sentido, la UE activó por primera vez la Directiva de Protección Temporal, concediendo protección inmediata a las personas desplazadas, autorizando permisos de residencia y permisos temporales de trabajo, y otorgando el acceso a la asistencia social o la asistencia médica.
De manera paralela a la asistencia humanitaria, la UE ha adoptado cinco paquetes de sanciones contra el gobierno ruso, destacando la restricción al acceso de Rusia a los mercados y servicios financieros y de capitales del bloque regional; sanciones individuales contra altos funcionarios del gobierno; cierre del espacio aéreo y los puertos a todas las aeronaves y buques rusos; entre otras. Como complemento, en los últimos días se habla de un posible embargo al petróleo ruso para reducir sus ingresos y disminuir el capital para financiar la agresión.
No se puede negar que la UE desempeña un papel importante en el contexto actual. Sin embargo, queda un tema pendiente que cerraría el círculo virtuoso: la eventual adhesión de Ucrania al bloque regional. Este tema, esencial a mi parecer, se ha discutido de manera superficial, aun cuando el presidente Zelenski está trabajando a marchas forzadas para convertir ese sueño en una realidad.
Ahora, habrá que ver si prospera la reciente propuesta del presidente francés, Emmanuel Macron, de crear una Comunidad Política Europea que, si bien no implicaría la adhesión inmediata de Ucrania, permitiría coordinar acciones de cooperación con países candidatos en materias específicas, como la seguridad.
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