Activistas de Guerrero suman tres semanas de lucha en busca de que el Congreso del estado avale la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de embarazo, debido a que la entidad ocupa los primeros lugares en abuso sexual y venta de niñas, de acuerdo con la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, que defiende su facultad de “decidir sobre su cuerpo”.
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Integrantes del colectivo advierten que son las mujeres más pobres, quienes viven en zonas de alta marginación como las afromexicanas e indígenas, las que recurren a la práctica de abortos clandestinos y arriesgan su vida al no haber en ellas condiciones sanitarias mínimas.
Durante un conservatorio realizado ayer por diversos grupos feministas, Gabriela Candela, coordinadora de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, destacó que la despenalización del aborto tiene mucha importancia por las circunstancias en que viven las mujeres en la entidad, caracterizado, “lastimosamente”, porque todas han sufrido una forma de violencia y desigualdad.
Canela señaló que Guerrero ocupa los primeros lugares en violencia sexual, embarazo infantil y uniones forzadas, entre otras cosas.
LUCRAN CON LA SALUD
Destacó que las mujeres del estado viven circunstancias especiales pues muchas de ellas son descendientes de abuelas o madres vendidas o forzadas a casarse con hombres mucho mayores; “situación que no ha cambiado mucho”.
Además, dijo, hay aún muchos obstáculos para acceder a los servicios de Salud que son complicados y tortuosos; además, para interrupciones de embarazo por violencia sexual, abundó, se carece de medicamentos, atención acertada y protocolos que ponen en riesgo la vida de la madre.
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Esto, permite que los seudomédicos privados se beneficien con los abortos legales, pues lucran con la salud de las mujeres, advirtió.
Recordó que en la Ciudad de México, donde el aborto es legal desde hace 25 años, la salud femenina ha mejorado.
Gabriela Candela confió en que sea aprobada la iniciativa esta semana.
La activista y feminista rural, Soledad Ureiro Bruno, informó durante el conversatorio Hablemos de Aborto, que la falta de intérpretes de lenguas maternas es un tipo de violencia institucional que niega información básica a las mujeres que muchas veces, son monolingües.
Comentó que la mayoría de las mujeres que acuden a las consejerías fueron abusadas sexualmente en sus comunidades, son adultas, casadas y cuyas parejas emigraron a Estados Unidos.
CITA
Legislar a favor de la salud de las mujeres, en principio es un derecho y esto ayuda a que las mujeres que lo necesiten tengan opciones y que las maternidades puedan ser deseadas”
Gabriela Canela
Coordinadora de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres
LEG