El gobierno de Gabriel Boric ya se enfrenta de lleno a las problemáticas que aquejan Chile, y mientras la Convención Constitucional continúa con el proceso de darle una nueva Carta Magna al país tras los sucesos de violencia de 2019, el mandatario echa mano de recursos como el Estado de excepción para la restauración de la paz… una medida que el mandatario de izquierda se comprometió a retirar en campaña.
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La Convención, instaurada en julio de 2021, entregó ayer para su revisión la primera versión de la nueva Carta Magna de Chile, que consagra un nuevo catálogo de derechos sociales, y que es una victoria indiscutible del estallido social de 2019, en el que la gente exigía mayor justicia social en un país muy desigual. Pero este gran paso se ensombrece ante las recientes decisiones de la administración de Boric.
“Hemos decidido hacer uso de todas las herramientas para brindar seguridad”, señaló la ministra del Interior, Izkia Siches, después de anunciar la decisión del Gobierno para la instauración del Estado de excepción en los territorios de La Araucanía, Arauco y Biobío.
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Esta medida no solo implica la militarización de una región indígena inmersa en violencia y rompe con una de las promesas que el recién llegado a la presidencia habría realizado en campaña, sino que se contrapone con la iniciativa de su propia bancada para el retiro de este recurso… precisamente en la nueva Constitución chilena.
CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS
DESCONFIANZA ELECTORAL EN COLOMBIA
La campaña de Gustavo Petro exigió este lunes una auditoría externa del software que se usará en las elecciones presidenciales del 29 de mayo en Colombia, ante las inconsistencias del conteo preliminar en las legislativas que, en principio, restó votos a la coalición izquierdista. En una carta, la alianza del Pacto Histórico señaló que ve con preocupación que la Registraduría Nacional no haya contratado una firma para auditar el software”.
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