Menudo problema tendrá que analizar y, en su caso, sancionar el INE que preside Lorenzo Córdova.
El PRI denunció a las tres corcholatas preferidas del presidente Andrés Manuel López Obrador por vulnerar los principios de imparcialidad y equidad contemplados en el artículo 134 constitucional.
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, fueron denunciados por los presuntos delitos arriba señalados, además por realizar actos anticipados de campaña y precampaña.
No se trata de un asunto sin sustancia.
Evidentemente hay elementos para, por lo menos, iniciar una investigación, sobre todo del activismo del secretario de Gobernación, quien debe ser el encargado de la política interior, el encargado de propiciar el diálogo y se ha cargado de un solo lado en perjuicio de la gobernabilidad del país.
Sin embargo, la denuncia se ve también como la respuesta del PRI a la publicación de dos grabaciones en las que se escucha al presidente del tricolor, Alejandro Moreno, reclamar a sus subordinados el por qué no consiguieron mayor financiamiento de los proveedores al Gobierno de Campeche para la pasada campaña electoral.
Hasta ahora, la publicación de las grabaciones se ha quedado en el ámbito local, en la Fiscalía de Justicia del Estado, pero no ha llegado aún, oficialmente, al INE o la Fiscalía para el Combate de los Delitos Electorales.
Moreno ayer declaró que no se irá del país y que “no lo van a intimidar’’.
Ambos casos marchan por rutas distintas pero irremediablemente será el INE el que decida si hay sanciones para las corcholatas morenistas y para el líder del tricolor, si se presenta una denuncia formal en su contra.
No será una decisión fácil para el INE, que se encuentra amagado por una iniciativa presidencial que pretende su desaparición, criticado por los ultras de Morena quienes no le conceden respiro, pero obligado a hacer cumplir la ley.
Imagine el escenario en el que la autoridad electoral decide sancionar a una o las tres corcholatas de Morena, desde ahí se estaría descalificando la elección del 2024.
Ahora que Córdova y compañía pueden quitarse la responsabilidad aludiendo al nuevo proverbio: “y no nos vengan con que la ley es la ley’’.
Y santo remedio.
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Balacera en Culiacán, tiroteos en Chilpancingo, en ambos casos sin víctimas fatales, el ataque a dos bares y un hotel en Celaya con saldo de 11 muertos y cinco heridos así como tres asesinados en una calle céntrica de la CDMX, son suficientes para cuestionar cualquier declaración o cifra sobre la pacificación del país.
La delincuencia organizada no da tregua; los tres niveles de Gobierno se ven rebasados y los únicos que pierden son los pobladores de esas regiones dominadas por los cárteles.
Quienes vayan a votar el próximo 5 de junio en las elecciones para gobernador en Oaxaca, Durango, Aguascalientes, Quintana Roo, Tamaulipas e Hidalgo, bien harían en revisar algunas estadísticas antes de llegar a las urnas.
Lamentablemente poco hemos sabido de los compromisos de los candidatos de todos los partidos para contener la inseguridad en esos estados.
Ojalá que los votantes estén bien informados; ya ven lo que pasa en los estados que recién cambiaron gobernador, como Guerrero, Zacatecas y Michoacán.
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Es giro de tuerca que dio el presidente López Obrador sobre su concepto de neoliberalismo ¿lo debemos ver como un guiño, una señal de conversión u otro distractor más de los temas relevantes que importan al país?
López Obrador dijo que “sin corrupción’’, el neoliberalismo no era malo; es más, podría ser el sistema económico perfecto.
Juzgue usted.
LEG