Luego del más reciente tiroteo escolar en Estados Unidos, que tuvo como escenario una escuela primaria en el estado de Texas, emerge nuevamente en el debate público la necesidad de una regulación de armas en el vecino país del norte, que logre poner fin a estos actos criminales que son tan recurrentes como devastadores.
Aunque existen diferencias en los motivos que impulsan este tipo de matanzas, el maltrato escolar y la discriminación suelen ser factores reiterados, ya sea porque son cometidos por estudiantes que suelen causar o que son víctimas de abusos, o por tener una ideología supremacista o formar parte de algún sector discriminado.
A esta marcada y violenta estratificación social en la cultura estadounidense se suma la anacrónica segunda enmienda, que da fundamento constitucional a la tradición de poseer y portar armas con la menor regulación posible, lo que da lugar a un mercado de armamento con un enorme poder económico y político que obstaculiza a toda costa cualquier reglamentación que afecte sus ventas.
La influencia de organizaciones como la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) sobre el ala republicana del Senado estadounidense y otras instituciones de aquel país ha retrasado por muchos años una legislación adecuada para evitar que sigan sucediendo éste y otro tipo de tragedias, como las que tienen lugar del lado sur de su frontera.
En otros países, como Nueva Zelanda, tras los tiroteos de Christchurch en 2019, en los cuales un hombre privó de la vida a 51 personas en dos mezquitas durante un viernes dedicado a la oración en la religión musulmana, el Congreso aprobó, casi por unanimidad —con un solo voto en contra—, nuevas medidas de control en la compra y venta de armas, especialmente sobre aquellas semiautomáticas que podían adquirirse por internet de manera legal, como lo hizo el perpetrador de la masacre.
Una interpretación teleológica de las leyes que, en forma laxa, permiten la adquisición y portación de armas en cualquier parte del mundo nos recuerda que el objetivo del ejercicio de tal derecho es la seguridad de las personas usuarias, de sus familias y comunidades; sin embargo, como la experiencia lo confirma en modo reiterado, este derecho se debe acotar, según las necesidades y la voluntad de cada nación, para garantizar la seguridad en vez de ponerla en riesgo.
El Gobierno de México se suma a las condolencias a las familias afectadas por el más reciente tiroteo en Texas, que también ha sido el más letal en la última década. El Senado mexicano expresa su preocupación por la población latina en general, y la mexicana en particular, que se encuentra vulnerable ante este tipo de crímenes, así como por las expresiones de autoridades que parecen incentivar la cultura de las armas, pese a sus fatales consecuencias, como el conocido tuit del gobernador de Texas, quien, siendo candidato en 2015, incitó a la población de ese estado a acelerar la compra de armamento para ser la número uno en la Unión Americana en este rubro.
El próximo viernes, precisamente en ese estado de la Unión Americana, el gobernador Greg Abbott y el expresidente Donald Trump asistirán a la reunión anual de la NRA; ¿darán un paso adelante en la regulación o seguirán caminando hacia atrás en la protección del derecho a la seguridad?
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