Un movimiento soterrado está en marcha.
Entre sindicatos de Estado, entre sindicalistas de Gobierno, hay agitación para mejorar sus condiciones laborales y sus previsiones sociales.
Parten de lo elemental: el salario.
Las percepciones de la burocracia no se comparan con la media nacional y todavía este Gobierno los rebaja, aunque en estos tiempos la empresa privada es enemiga del país.
Es una parte y los incrementos de los últimos años, mejorados aun con las condiciones económicas – PIB, cierre de negocios, pandemia-, no satisfacen las necesidades básicas.
A continuación están las prestaciones.
En este caso las primas vacacionales, los aguinaldos, los bonos y premios trimestrales, semestrales y anuales son mayores, son mayores a las del sector privado pero insuficientes.
Por ejemplo, dobles vacaciones por fin de año, las semanas Santa y de Pascua e inclusive de verano paralelas a las escolares.
ABOLICIÓN DEL APARTADO B
Pero hay algo peor: la jubilación.
Este tema es central en las discusiones de quienes reclaman justicia social y laboral porque no hay comparación entre trabajadores privados y públicos.
El peor déficit de los burócratas está en las pensiones, agravadas con las reformas impulsadas en el Gobierno de Felipe Calderón para atar el retiro.
En varios sindicatos se forman grupos disidentes interesados en formar un gremio como lo hizo el doctor Jesús Ricardo Cruz Cotero en el Sindicato de Salud.
Creó su propio sindicato y de esa manera horado el origen del líder de la FSTSE, Joel Ayala Almeida.
El movimiento avanza y con gran velocidad y en esto cuenta radicalmente el T-MEC, el tratado firmado por México con Estados Unidos y Canadá.
Favorece a la disidencia y los inconformes con sus charros de las centrales obreras tradicionales se aprovechan para impulsar la democratización de sus respectivos gremios.
La lucha es por abolir el apartado B del artículo 123 constitucional, veremos en el debate en los próximos meses, pero aquí está el adelanto.
JUSTICIA EN LAS PENSIONES
El reclamo ha permeado y tiene líderes.
El principal de ellos es sin duda Alfonso Cepeda, secretario general del SNTE.
Él, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, pidió dar un paso adelante en beneficio de los trabajadores.
Cepeda se refirió a muchos aspectos, pero el de las pensiones fue fundamental como medida para acabar con la añeja desigualdad del Estado ante la clase obrera del país.
Dio datos el Día del Maestro: los asegurados del Seguro Social resultan más protegidos frente a los del Estado, afiliados al ISSSTE.
El lector puede colegir por sí mismo: mientras un jubilado del IMSS percibe 25 UMAs (Unidad de Medida y Actualización usada por el pago de obligaciones), y los trabajadores del Estado apenas 10 unidades.
Cepeda ahonda las negociaciones ante el Gobierno y la Secretaría de Hacienda de Rogelio Ramírez de la O, a fin de resarcir esta deuda pendiente y dar tranquilidad en el retiro, en la incapacidad y en la vejez a los maestros.
La revisión pasará por las finanzas públicas, el Congreso de la Unión y por supuesto en revisiones actuariales del ISSSTE de Pedro Zenteno, uno de los varios aspirantes a la candidatura para el Estado de México.
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