Ante las modificaciones a las reglas de operación del Programa la Escuela es Nuestra (PLEEN), publicadas el pasado 28 de abril de 2022 en el DOF, el próximo 30 de junio la Secretaría de Educación Pública (SEP) seleccionará las escuelas que serán beneficiadas “a partir de criterios burocráticos ilegales, vulnerando derechos humanos y con propósitos abiertamente proselitistas”, acusó la Secretaria General del PRD, Adriana Díaz Contreras.
La dirigente nacional, alertó que el PLEEN sigue sin incorporar los derechos garantizados por el programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC), que permitían dar cumplimiento a una educación integral de excelencia que toda persona debe recibir del Estado priorizando el interés superior de niñas, niños y adolescentes (NNA).
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Advirtió que “los planteles seleccionados en ejercicios fiscales anteriores ya no serán susceptibles de ser nuevamente beneficiados en 2022, ya que con un criterio burocrático la SEP canceló derechos, y ahora abre la puerta a instancias proselitistas del partido gobernante al facultar a la Secretaría de Bienestar para decidir sobre la incorporación planteles al PLEEN”.
Díaz Contreras denunció que Bienestar recibirá las listas de planteles para realizar actividades de capacitación y asesoría, convocar a asambleas, conformar comités y crear un padrón de personas. “Sabemos que los funcionarios de Bienestar son operadores de Morena, por lo que su participación política y prácticas sectarias romperán los vínculos altruistas que existen en las comunidades educativas”, consideró la líder perredista.
Lamentó que el Presidente busque en todas las funciones del gobierno imponer su “trasnochada” ideología, como ocurre en este caso con la educación.
Señaló que el PLEEN también viola el principio constitucional de legalidad, certeza, eficiencia económica y honradez al delegar a padres y madres de familia como “únicos y absolutos responsables del gasto”, incumpliendo con las normas de fiscalización y rendición de cuentas que obligan a los servidores públicos.
De acuerdo con la Secretaria General del PRD, la SEP delega ilegalmente funciones que únicamente les corresponden a las autoridades educativas en la obligación constitucional de garantizar que la infraestructura, mantenimiento y condiciones del entorno (incluyendo pago de servicios escolares y la alimentación) sean idóneos y contribuyan con los fines de la educación.
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Ante ello, criticó que, al permitir que los CEAP puedan constituirse hasta el mes de noviembre, prácticamente se cancela toda posibilidad de gasto durante 2022. Con este modelo, además, los pagos por servicios a docentes estarán sujetos a una decisión discrecional y temporal que por la naturaleza de los recursos (subsidios) serán considerados como honorarios, lo cual está fuera de la normatividad laboral.
“Deliberadamente la SEP actúa como simple aparato burocrático al señalar que ejerce eficazmente los recursos del PLEEN realizando transferencias bancarias a más tardar el 14 de diciembre a los CEAP y permitiéndoles un año para su ejecución”, acusó.
OH