Luego de guardar un minuto de silencio en memoria de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Medina, asesinados por el crimen organizado en la comunidad de Cerocahui, municipio de Urique, Chihuahua; los senadores y diputados federales que integran la Comisión Permanente del Congreso debatieron sobre el clima de violencia en el país y el alcance de la estrategia de seguridad del Gobierno Federal.
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En este contexto, los senadores del PAN pidieron a la Secretaría de Gobernación instaure medidas de protección para los jesuitas en todo el país. Exigieron al titular del Ejecutivo y a sus instituciones que terminen con la política de “abrazos, no balazos”.
En el debate, la oposición reprochó a Morena y a sus aliados que mayo fue el mes más violento en los últimos años. Acusó que desde el gobierno federal se están “maquillando las cifras” para presentarlas de manera que resulten más favorables.
“Por eso vamos de escándalo en escándalo, un día se fusila a unos individuos y es un escándalo de unos días. Hoy se mata a dos jesuitas cumpliendo con su misión pastoral y es un escándalo. Pero, de fondo, no hemos mejorado absolutamente nada”, señaló el senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín.
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Por su parte, la senadora del PAN, Gina Cruz Blackledge, advirtió que en México urge un cambio de rumbo, ya que en lo que va del sexenio han sido asesinadas 121 mil personas y más de 100 mil están desaparecidas, además de una cuenta dolorosa de 10 mujeres asesinadas y una masacre en promedio cada día.
Mientras que la senadora Nancy de la Sierra, del Grupo Plural, acusó que la Estrategia de seguridad ha fallado y que el trabajo de las autoridades no debe ser únicamente señalar culpables y repartir castigos, sino reparar el daño y asegurar que estas atrocidades no se repitan.
En respuesta, la senadora de Morena, Imelda Castro Castro, criticó a la oposición por la narrativa de un supuesto pacto de esta administración con la delincuencia organizada y añadió que 48 % por ciento de los delitos del fuero común se concentran en los estados de Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Baja California y Sonora gobernados por panistas, priistas y de Movimiento Ciudadano.
Sin embargo, el diputado del PRI, Eduardo Zarzosa, dijo que es indefendible el fracaso de la estrategia de seguridad pública, por lo que pidió a Morena y sus aliados que se responsabilicen por las acciones de su gobierno y que dejen de culpar al pasado.
Mientras que el petista Reginaldo Sandoval Flores aseguró que el Gobierno Federal no acepta pactos con la delincuencia y aclaró que las administraciones pasadas dejaron a los grupos delictivos que actualmente operan en el país.
LEG