Recientemente, la palabra inflación se ha colocado en los discursos políticos y mediáticos en el mundo. Los aplazamientos de las crisis del siglo XX, la pandemia del Covid-19 y la guerra en Ucrania son solo algunos de los procesos que están acelerando las contradicciones del sistema en el que vivimos. La crisis del mercado energético ha promovido la subida de todos los precios. A pesar de eso, los beneficios empresariales parecen no menguar, ya que al trasladar esa alza al costo final de las mercancías, los efectos recaen sobre las y los consumidores, pero… ¿qué pasa si los salarios no suben?
El contexto económico actual está estrechamente vinculado con la crisis energética. Sin embargo, las soluciones que se han propuesto no atacan la estructura del problema. En muchos casos, este se ha profundizado al individualizar la respuesta o mantener la producción a pesar de la crisis climática y social. Por ejemplo, en China y Alemania, los gobiernos han solicitado que la industria del carbón incremente su producción para hacer frente a la demanda eléctrica, dejando de lado sus compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Sin embargo, estos países no son los únicos que reproducen esta contradicción, lo cual se puede observar con el llamado “pacto verde europeo”. La Unión Europea necesita de litio para conseguir sus objetivos de descarbonización para 2050. Mucho del litio que requiere lo obtiene de los humedales que se localizan entre Chile, Argentina y Bolivia. Empero, adquirir este litio tiene consecuencias profundas para los ecosistemas.
De acuerdo con información del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), para extraer una tonelada de litio se evaporan dos mil litros de agua, lo cual modifica la biota de los espacios y afecta a las poblaciones que interactúan en los mismos. Además, el problema no sólo es que se sequen estos humedales, sino que también se necesita agua dulce para limpiar el litio extraído, la cual se obtiene del saqueo de las comunidades locales, que a su vez se mantienen organizadas para defender su territorio, como lo demuestra la lucha por el río Los Patos, en Argentina.
El proceso sistemático de saqueo que vulnera la vida de miles de especies y comunidades acompaña y agudiza uno de los principales efectos del cambio climático: la sequía. Esta situación, más la crisis energética, ha ahondado la inseguridad alimentaria. En el caso del Cuerno de África, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas ha señalado que durante este año millones de personas de la región estarán al borde de la hambruna.
En el sur de Etiopía —país que ha estado por más de un año en una guerra que poco interesa a la sociedad internacional—, se han superado los niveles de emergencia en las tasas de malnutrición, los cuales se pueden agravar debido a la disminución de granos que se importan. De acuerdo con el PMA, en el este de África la inseguridad alimentaria ha crecido en cerca de 90% en relación con el 2021 y Somalia será uno de los Estados más afectados.
En otros territorios, la crisis económica está reforzando discursos conservadores que atentan contra la vida y derechos de las personas. Los pactos con grupos fundamentalistas, la represión en contra de las poblaciones migrantes, el viraje de la normatividad frente al aborto y la discriminación en contra de la diversidad sexual son solo algunos ejemplos de las formas violentas que está adquiriendo la crisis. Por esa razón, fomentar los diálogos y poner la vida en el centro será fundamental para encontrar soluciones reales a este problema multidimensional.
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