Siete de cada 10 mujeres privadas de su libertad han sufrido violencia y tres de cada 10 sufrieron tortura sexual en el trayecto de su arresto al ministerio público o del ministerio público al centro penitenciario; además 43% fueron agredidas para obtener una confesión o información, por parte de servidores públicos.
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De acuerdo con el Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual cometida contra mujeres privadas de la libertad en México que hizo la subscretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, de una muestra tomada en penales de todo el país de mil 280 mujeres privadas de su libertad, 28% fueron agredidas con patadas, 18% manoseadas, 16% fueron víctimas de golpes en senos, gluteos y genitales, 3.5% sufrieron violación.
De las mujeres cuestionadas, 13% manifestó ser torturada sexualmente en las instalaciones del Ministerio Público, 51% denunció ante el titular del MP y 27% ante el médico legista; sin embargo, sólo en el 21% se inició investigación y sólo el 11% recibió atención médica posterior a la denuncia por tortura sexual.
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El documento presentado este lunes por el subsecretario Alejandro Encinas, refiere que, de 2006 a 2021 se registraron 20 casos de mujeres víctimas de tortura, con agravante de haberse cometido con violencia sexual y de ellos, sólo siete casos alcanzaron sentencia.
De las 300 denuncias que reporta la Defensoría Pública Federal, los estados que encabezan las denuncias son Estado de México (11.7%), Veracruz (8.1%), Nuevo León (6.8%), Chihuahua (6.8%), Baja California (5.2%), Guanajuato (4.9) y Morelos (4.5%).
Los señalados como probables responsables de tortura son: Policía Federal (28%), Policía Estatal (19%), Policía Ministerial (16%), Policía Municipal (13%), SEDENA (7%), Semar (6%), Ministerial Federal (4%), Guardia Nacional (1%), INM (1%) y personal penitenciario (1%).
Ante estas cifras, el Diagnóstico recomienda a las Fiscalías que garanticen que las mujeres detenidas, sean atendidas por médicas legistas y cuenten con ginecólogas para realizar las revisiones; así como emprender sanciones penales y administrativas contra servidores públicos particularmente policías de investigación y ministerios públicos.
RECOMENDACIONES
Ante el informe, se realizaron algunas recomendaciones para las autoridades y evitar la violencia contra las personas detenidas.
-Las autoridades policiacas deben tener las herramientas tecnológicas para registrar toda detención que realicen.
-Establecer la obligatoriedad para que los juzgadores pregunten a los procesados si han sido víctimas de tortura.
-Las Fiscalías deben implementar acciones para regular el uso de la fuerza y la Ley General de Registro de detenciones.
LEG