Solo en lo que va del año, el gobierno de Estados Unidos ha debido afrontar las crisis derivadas de la invasión rusa a Ucrania, de los tiroteos masivos y las políticas de control de armas, del revés al enfoque progresista sobre temas como el aborto o las libertades religiosas, y de la crisis migratoria, con números récord de solicitudes de asilo, detenciones y muertes, como en el reciente caso de San Antonio, Texas (51 víctimas fatales).
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Y no es que el anterior año, el 2021, hubiera sido mejor, tratándose de la primera administración cuestionada en su legitimidad por casi 70% de republicanos (o seguidores de Donald Trump), que inició con la inédita toma del Capitolio el 6 de enero (cinco fallecidos), eventos aún bajo investigación.
El promedio de encuestas sitúa al presidente Joe Biden con 55.6% de desaprobación (casa FiveThirtyEight) y el pronóstico generalizado es que los demócratas pierdan su débil control del Congreso ante la oposición en las elecciones de medio mandato de noviembre próximo.
Debido a la última bomba que explotó en manos del mandatario, la del hallazgo de un tráiler con media centena de migrantes que perdieron la vida, Texas ya está sumida en una batalla de acusaciones que enredan a Biden, al gobernador Greg Abbott (quien buscará la reelección) y al candidato a ese puesto por los demócratas, Beto O´Rourke, quien ha confrontado al republicano por sus reacciones tanto en el tema de armas -pues en ese estado se han presentado varios tiroteos, el más reciente el de Uvalde (21 muertos)-, como en el migratorio: “El extremismo de Abbott es muy peligroso para Texas, lo votaremos fuera”, tuiteó ayer.
Pasaron casi 24 horas para que la vicepresidenta Kamala Harris –encargada del tema migratorio en la Unión Americana, designada así por el huésped de la Oficina Oval–, se pronunciara sobre el tema… culpando a las mafias de traficantes, sin referencia a las causas, que ella presume combatir.
Y en temas como el aborto la situación no mejora para el grupo en el poder. Nervioso, Biden ha declarado que “los votantes deben ser escuchados”, y junto a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, advirtió que lo que está en juego en noviembre son “las libertades individuales”.
Por ello, y tomando en cuenta que casi la totalidad de los demócratas, y un sector de los republicanos apoyan el aborto, las campañas se centrarán en gran medida en ese tema con miras al 8 de noviembre, cuando una treintena de estados elegirá gobernador. Será la fecha en que se medirá la resistencia demócrata ante el tsunami de sus primeros dos años en la Casa Blanca.
El reto para los conservadores, en todo caso, se presentará en estados como Nevada, donde el derecho al aborto está ampliamente protegido. El aspirante republicano local, Adam Laxalt, dejó ese tema de lado pero desenfundó las otras armas: precios exorbitantes, inflación, aumento del crimen y la crisis migratoria en la frontera, modelo que se podría ir replicando.
El fallo de la Suprema Corte que reitera el derecho de los estadounidenses a portar un arma (Segunda Enmienda) o el que derogó la ley Roe vs. Wade fue uno de los más claros ejemplos del peso que tendrá por largo tiempo el máximo tribunal, una herencia de Donald Trump, quien colocó a tres (de nueve) jueces.
Casi el único contrapeso que les queda a los demócratas es la investigación que continúa en el Senado sobre los hechos del 6 de enero (11 meses y más de mil entrevistas), que podría derivar en consecuencias legales hacia Trump para debilitar su fuerza en noviembre.
La CIDH amenaza, reclama Giammattei
El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, acusó en Washington a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de extorsión, amenaza, de seguir una agenda proaborto y de sesgo ideológico.
Y es que en su informe de 2021, la CIDH, órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), añadió este año a Guatemala al capítulo IV.B, con lo que pasa a engrosar su lista de países donde observa graves violaciones de los derechos humanos, en la que ya figuran Cuba, Venezuela y Nicaragua.
La CIDH argumenta su decisión por el debilitamiento de la institucionalidad democrática en el país, las injerencias sistemáticas contra la independencia judicial, las irregularidades en la elección de magistrados y la criminalización de los jueces.
CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS
LEG