Grupos de indígenas de Ecuador que protestan desde hace más de dos semanas por el alto costo de vida marchaban ayer por el centro de Quito para pedir la reanudación de las negociaciones suspendidas por el gobierno. En respuesta, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, aceptó retomar el diálogo, pero decretó el estado de excepción en las provincias donde, según el gobierno, se concentran la mayoría de actos violentos.
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Varios cientos de manifestantes caminaban por calles del centro histórico, aledañas al Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, para reclamar una reducción de hasta 21% de los precios de los combustibles y el regreso de las negociaciones entre los representantes del Ejecutivo y la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), liderada por Leonidas Iza.
La respuesta del mandatario a la oleada de protestas fue instaurar el estado de excepción para cuatro de las 24 provincias del país, donde el gobierno asegura que se encuentran los focos rojos de las protestas indígenas en el país: las andinas Azuay e Imbabura, y las amazónicas Sucumbíos y Orellana.
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La medida permite la movilización de militares a las calles y la suspensión del derecho a la libre asociación. Además incluye un toque de queda nocturno de ocho horas para las provincias andinas y de 10 horas para las amazónicas.
Más tarde, el gobierno de Ecuador anunció que se reanudarían las negociaciones con la Conaie con la mediación de la Iglesia católica.
“En función de devolver la tranquilidad al pueblo ecuatoriano, hemos decidido de aceptar el proceso de mediación que ahora va a impulsar la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE)”, dijo el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez.
Los indígenas piden una reducción del precio de combustibles, el control de precios de productos agrícolas y la suspensión de la explotación de recursos en territorios nativos.
El ministerio de Energía estimó que en dos semanas de protestas, la nación dejó de explotar alrededor de 1.3 millones de barriles, mientras tanto, el balance de víctimas da cuenta de seis muertos y más de 600 heridos, entre agentes y civiles, así como unos 150 detenidos.
LEG