Ante los asesinatos de periodistas en México, el más reciente cometido el miércoles contra Antonio de la Cruz del diario “Expreso” en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el titular del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación (Segob), Enrique Irazoque, reconoció que el mecanismo ha sido insuficiente, por lo que es indispensable elaborar un nuevo marco legal que garantice su seguridad.
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“Tenemos que reflexionar sobre las modificaciones operativas, pero también legislativas que tenemos que hacer para reforzar una política de Estado, porque de lo que se trata es de construir una visión de Estado para poder ejercer el goce y ejercicio de las y los periodistas en todos los sentidos”, declaró.
Detalló que la iniciativa de ley contempla entre otros puntos, la creación de un Sistema Nacional de Prevención y Protección ante agresiones a periodistas, “que nos permita tener una coordinación más eficaz con las entidades federativas, con las fiscalías, con las áreas de seguridad”.
También propone un Programa Nacional de Prevención, pues “es fundamental que salgamos de este círculo reactivo y nos incrustemos en lo preventivo para poder adelantarnos a las agresiones, adelantarnos a las amenazas, adelantarnos a los riesgos que sufren las y los comunicadores”.
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Además de un Protocolo homologado de actuación y generar un Registro Nacional de Agresiones hacia Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, como parte de una política pública “que nos permita generar datos fiables para ver dónde está la amenaza y la prioridad”.
El funcionario de Gobernación reconoció que, en México, han sido asesinados 256 periodistas de 2006 a la fecha, y de ellos 56 han muerto durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Detalló que de 2006 a 2012, en la administración de Felipe Calderón, 101 periodistas fueron asesinados, mientras que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2018, la cifra fue de 96.
Refirió que casi el 40% de los agresores de los periodistas son autoridades estatales y municipales, mientras que en el 30% de los casos están involucradas bandas del crimen organizado. Los estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas y Sonora, registran el 60% de los ataques.
El funcionario federal, puntualizó que al inicio de este sexenio había 798 beneficiarios del Mecanismo de Protección, y al día de hoy “alberga a más de mil 599 personas, de las cuales aproximadamente 500 son personas periodistas”.
LEG