La ampliación de la Línea 1 del Tren Suburbano Lechería-Jaltocán-AIFA, en el Estado de México, que busca reducir el tiempo y costos de traslado de los usuarios hacia el nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles, registró un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública por más de 64 millones de pesos por pagos en exceso en el suministro de durmientes y materiales de vía, además de un atraso en los trabajos de 120 días informó la Auditoría Superior de la Federación.
En la Primera Entrega de Informes Individuales de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 que realizó la ASF, detectó que “se autorizaron pagos en exceso por 64.8 millones de pesos en los conceptos de suministro de durmientes y de materiales de vía, debido a que éstos no fueron localizados en el sitio de los trabajos”.
Además, esta obra que sigue sin operar a pesar que desde hace casi cuatro meses el Gobierno de México inauguró el AIFA, tampoco cuenta con la liberación total de los derechos de vía para el patio de maniobras en una superficie de más de 52 mil metros cuadrados, lo que a decir de la ASF “ha provocado a la fecha atrasos de 120 días en la ejecución de los trabajos y esto evidencia una inadecuada planeación de la obra”.
De esa manera y, con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos canalizados al proyecto, la ASF concluyó que “en términos generales, la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”.
Contrataciones anómalas en el Senado
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó “deficiencias” en los procesos de contratación que hizo la Cámara de senadores relacionados con la implementación de medios electrónicos para el Canal del Congreso, de tecnologías y servicios de ciberseguridad gestionada y de fortalecimiento de los procesos de seguridad de la Cámara con pagos ejercidos por 38.5 millones de pesos.
En la Primera Entrega de Informes de la Auditoría, se señala que el Senado “no cuenta con evidencia que acredite que el proveedor asignó a un grupo de expertos para conformar un equipo de respuesta a incidentes de seguridad (ERISC) para el Proyecto de tecnologías y servicios de ciberseguridad gestionada (grupo de expertos de respuesta, prevención de incidentes de la seguridad, operación, mantenimiento y soporte a los sistemas Emas, Argos, Tritón, Hera y Carmen)”.
Además, el anexo técnico del contrato no especifica las acciones o entregables relacionados con algunos requerimientos del servicio, por lo cual no fue posible validar el cumplimiento de los mismos.
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