El control migratorio es competencia de las autoridades federales y los estados no deberían “entrometerse”, advirtió la Casa Blanca este viernes, después de que el gobernador de Texas autorizara a las fuerzas de seguridad a enviar de vuelta a la frontera con México a los migrantes que detienen.

La aplicación de la ley de inmigración es competencia “de las autoridades federales y los estados no deberían (…) entrometerse en ella”, dijo en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca Karine Jean-Pierre.

El jueves el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, firmó una orden ejecutiva que faculta a la Guardia Nacional y al Departamento de Seguridad Pública “a detener a los inmigrantes que crucen ilegalmente los puertos de entrada y devolverlos a la frontera” para, según él, “proteger a los estadounidenses y asegurar la frontera sur”.

Abbott “tiene un historial de causar caos y confusión en la frontera”, afirmó Karine Jean-Pierre.

En abril el gobernador decidió aumentar la inspección de camiones en la frontera con México, lo cual afectó al flujo comercial, y envió a Washington autobuses con migrantes indocumentados.

Otro portavoz de la Casa Blanca, Abdullah Hasan, afirmó que las iniciativas llevadas a cabo en el pasado por Abbott “no inspiran confianza respecto a lo que ha preparado ahora”.

La Operación Lone Star, una iniciativa de seguridad fronteriza lanzada en 2021 por Abbott en respuesta al aumento de los cruces fronterizos, que él atribuye a la política migratoria del presidente Joe Biden, “puso a los guardias nacionales y a las fuerzas del orden público en situaciones peligrosas y provocó una pesadilla logística”, añadió Hasan.

El presidente Biden “se enfoca en soluciones de políticas reales para asegurar verdaderamente nuestra frontera: instalar nueva tecnología fronteriza, garantizar niveles récord de financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional, realizar más de 2.800 arrestos en los primeros tres meses del lanzamiento de una campaña contra el contrabando sin precedentes”, enumeró.

Hace una semana la Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde al gobierno de Biden para poner fin al programa Quédate en México, puesto en marcha por el expresidente republicano Donald Trump en 2019 y que permite enviar de vuelta a los solicitantes de asilo para que esperen la resolución de sus casos del otro lado de la frontera.

“Desafío a la Constitución”

La orden ejecutiva de Texas ha provocado airadas reacciones.

Domingo García, el presidente de la Liga de Ciudadanos Latinos Estadounidenses (LULAC), llamó al fiscal general de Estados Unidos y a los fiscales de distrito de los condados a lo largo de la frontera con México a “investigar al gobernador Abbott y al vicegobernador (Dan) Patrick por posibles violaciones penales y civiles de las leyes federales y estatales”.

Esta semana Dan Patrick dijo en una entrevista que “se necesita poner las manos sobre las personas y comenzar a enviarlas de regreso”, refiriéndose a los migrantes irregulares que entran en Estados Unidos.

Jeremy McKinney, presidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, coincide en que la decisión de Abbott “es moralmente reprobable e incuestionablemente ilegal”.

“La Constitución de Estados Unidos deja claro que la aplicación de la ley de inmigración (recae en) una autoridad federal” por lo que el gobierno de Biden debe “responder rápidamente con litigios”, reaccionó.

El director político del Consejo de Inmigración Estadounidense Aaron Reichlin-Melnick advierte que este “desafío a la Constitución (… ) pone a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en peligro de violar la ley”.

“Los migrantes que buscan seguridad, protección y una vida mejor en Estados Unidos no son un ejército invasor”, añade en un comunicado.

El gobierno mexicano atribuye la iniciativa de Abbott “a un contexto de campaña electoral en el estado de Texas” en vista de las elecciones legislativas de medio mandato de noviembre, que incluyen las de gobernadores.

La crisis migratoria será uno de los temas principales que Biden abordará con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador el próximo martes en Washington.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en mayo se batió un nuevo récord en el número de encuentros con migrantes irregulares en la frontera sur de Estados Unidos (239.416), es decir cada vez que uno de ellos llega y se entrega a una autoridad o cuando trata de cruzar y es detenido.

LDAV