El sector empresarial rechazó que fuera el responsable de solicitar las constancias de situación fiscal a los empleados, y que fue más bien el Servicio de Administración Tributaria (SAT) al momento de requerir requisitos adicionales como parte de la miscelánea fiscal para 2022.
La semana pasada, la jefa del órgano recaudador, Raquel Buenrostro, declaró que no fue la autoridad tributaria la que pidió a los trabajadores el documento, sino las áreas de recursos humanos de las empresas.
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“El SAT nunca pidió la constancia de situación fiscal, no es un requisito del SAT”, enfatizó la funcionaria federal.
No obstante, la cúpula patronal dijo que con la entrada en vigor de la reforma fiscal 2022 se contemplaron nuevos requisitos para el timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en su versión 4.0, en los que además del nombre del trabajador y el RFC, también se tienen que incluir el domicilio y código postal del contribuyente.
En ese sentido, para el llenado de los comprobantes fiscales por internet y la factura electrónica CFDI 4.0, se deben de registrar tal como se encuentran en la cédula de identificación fiscal y constancia de situación fiscal, de lo contrario, no podrían ser deducibles.
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“Ante ese nuevo requisito impuesto por la autoridad fiscal y para que las empresas no tuvieran un impacto en la no deducibilidad de la nómina por errores en los comprobantes digitales, los trabajadores tuvieron que solicitar las Constancias de Situación Fiscal, y como consecuencia se generaron filas interminables ante las oficinas del SAT”, expuso la Coparmex.
Cuando se acercaba la fecha límite para la entrada en vigor de la disposición, se anunció una prórroga hasta el primero de enero de 2023, sin embargo, trascendió que las empresas ya habían condicionado su pago de nómina correspondiente en caso de no presentar la constancia.
“Respecto a lo expresado por la jefa del SAT acerca de que ‘muchas empresas condicionaron el pago de la nómina a la obtención de la Constancia de Situación Fiscal’, queremos subrayar: el sueldo es un derecho del trabajador. No se puede negar el justo pago de su trabajo y mucho menos condicionarlo a la obtención de un documento administrativo”, subrayó.
“Estamos convencidos de que las personas físicas y morales debemos cumplir con nuestras obligaciones fiscales y no evadir impuestos, sin embargo, consideramos que aumentar las cargas administrativas y fiscales no es el camino viable para lograrlo”, añadió la organización.
LEG