A pesar de que los delitos de homicidios, extorsión y narcomenudeo no han disminuido, las labores de inteligencia de parte del Estado no solo tienen un déficit, sino que prácticamente han desaparecido en el combate contra el crimen organizado, advirtieron especialistas en temas de seguridad y legisladores.
Juan Carlos Piña, profesor de la Facultad de Derecho del Tecnológico de Monterrey, explicó que el actual Gobierno federal ha priorizado otras políticas públicas más allá de la seguridad, mientras que las labores de inteligencia persiguen anticiparse a los hechos delictivos.
“De tal suerte que, si ha incrementado la incidencia delictiva en nuestro país, entonces sí podríamos hablar de un déficit en este tipo de actividades a cargo del Estado”, dijo.
Agregó que la ausencia de tareas de inteligencia impacta de manera negativa en el combate a la delincuencia, pues uno de sus objetivos es procesar la información y hacerla útil para que las unidades operativas actúen de manera efectiva.
“La labor de inteligencia, implica también aspectos de organización y operación estratégica. La falta de esto trae como resultado, operaciones fallidas como el llamado Culiacanazo”, indicó Piña, quien señaló que el sistema mexicano de inteligencia civil requiere fortalecerse con un mejor marco normativo, profesionalización y tecnología.
VIOLENCIA IMPARABLE
En la actual administración los asesinatos no han logrado disminuir, pues en 2019 se registraron 34 mil 689, mientras que el año pasado hubo 33 mil 318 víctimas, se acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En cuanto a las extorsiones, éstas pasaron de nueve mil tres a nueve mil 407 en el mismo periodo; y según el índice delictivo, por el delito de narcomenudeo hubo 70 mil 741 carpetas de investigación en 2019 y el año pasado se contabilizaron 82 mil 271.
Esto, dijo la vicecoordinadora de PRD en la Cámara de Diputados, Elizabeth Pérez, es una muestra de que las labores de inteligencia para combatir a grupos delincuenciales simplemente se dejaron de hacer.
De acuerdo con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública se fomentaría el fortalecimiento y/o creación de 32 Unidades de Inteligencia Financiera estatales (que se llamarían Unidades Estatales de Inteligencia Patrimonial y Económica), la cual consideraba que “el eje de la actividad criminal es el flujo financiero, (y) si no es combatido con eficacia la lucha será infructífera”.
El plan gubernamental proyectaba que al constituirse estas unidades se contribuiría en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y eso permitiría desarticular la red financiera de los criminales, lo cual se quedó en el tintero. Lo mismo que la creación de una Guardia Financiera, que debería estar adscrita a la SSPC, ya que no prosperó.
IDENTIFICAN FALLAS
En la actual administración se ha registrado diversos actos de violencia que han impactado a la sociedad, el más reciente el asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en Chihuahua; y en octubre de 2019, el llamado Culiacanazo, en el que cómplices del hijo de El Chapo Guzmán obligaron al Estado mexicano a liberarlo ante el sitio que impusieron a la capital de sinaloense.
Sobre este caso, la investigadora Paloma Mendoza-Cortés publicó un estudio en la Revista Latinoamérica de Estudios de Seguridad en el que identificó siete fallas en las labores de inteligencia del Estado, entre ellas la cooperación interagencial; en la anticipación de inteligencia; en manejo de crisis; contrainteligencia ofensiva, y contrainformación y contrainteligencia de engaño.
Concluye que si no se dispone de información confiable y oportuna por parte de las agencias de información y los propios órganos de seguridad, se incrementa la vulnerabilidad.
CRITICAN INCORPORACIÓN A SSPC
El académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Javier Oliva, apuntó que la decisión del Gobierno federal de desaparecer el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para conformar el Centro Nacional de Inteligencia y adscribirlo a la Secretaría de Seguridad fue muy mala idea.
Puntualizó que es común que este tipo de decisiones las tomen las dictaduras y no las democracias. “Cómo vas a estudiar los movimientos estudiantiles, los movimientos indígenas, las tendencias de los medios de comunicación, ¿desde la perspectiva de seguridad pública?, eso un grave, grave error”, enfatizó.
Añadió que las oficinas de inteligencia deben depender directamente del Presidente de la República debido a que –consideró– los temas son delicados.
LEG