Tanto en el derecho civil como en el derecho internacional existe un principio que rige los convenios y los hace exigibles, conocido como pacta sunt servanda, que puede traducirse como “lo pactado debe ser observado” o “los tratados deben cumplirse”. Ello implica la buena fe de las partes y la confianza mutua, pues los derechos y obligaciones que se crean son recíprocos. En ocasiones, la firma de un convenio escrito (es decir, la formalidad) es necesaria para considerar que éste es legalmente vinculante; en otras, la palabra es suficiente para garantizar su cumplimiento.
En este sentido, es fundamental analizar las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, las cuales se han ido transformando notablemente en los últimos años, particularmente desde 2016, cuando Donald Trump ganó la presidencia de la vecina nación, pasando por otros momentos clave, como el triunfo electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018 y la transición del republicanismo al ala demócrata de la política estadounidense, con el inicio de la administración del actual presidente Joe Biden.
En 2019, durante la administración Trump, se vivieron momentos de tensión cuando el entonces mandatario amenazó con un impuesto general del 5% a las importaciones mexicanas, si de este lado de la frontera no se reforzaban las acciones para mitigar los flujos migratorios. Ante tal escenario, el presidente López Obrador llamó al diálogo y propuso mayor inversión bilateral para el desarrollo en el sureste mexicano, a fin de generar más bienestar y combatir las causas de la migración; sin embargo, aunque la propuesta fue secundada por Trump, la inversión no se materializó por parte de su Gobierno.
No obstante, convencido de que sólo con mejores oportunidades de desarrollo es posible detener las fuertes olas migratorias, el Gobierno de México siguió adelante con los grandes proyectos para aquella región, como la Refinería Olmeca, el Tren Maya y el programa para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec. En otras palabras, nuestro Presidente sí cumplió su compromiso.
En su reciente visita a la Unión Americana, el jefe del Estado mexicano propuso a su homólogo Joe Biden cinco acciones conjuntas para enfrentar los retos que han dejado la pandemia y la guerra en Ucrania:
- Duplicar el abasto de gasolina en la frontera norte de México, para seguir permitiendo que las y los estadounidenses puedan cruzar para cargar sus vehículos a menor precio que en su país.
- Poner a disposición del Gobierno estadounidense más de 1,000 kilómetros de gasoductos, para transportar gas de Texas a Nuevo México, Arizona y California.
- Suspender aranceles y trámites burocráticos al intercambio de alimentos para, de este modo, poderlos ofrecer a menor precio en los dos países.
- Un plan conjunto de inversión privada y pública, para producir bienes que hoy se importan de otros continentes, a fin de fortalecer ambos mercados.
- Visas de trabajo temporales para personal obrero, técnico y profesional mexicano, que ayudará a realizar los ambiciosos proyectos de infraestructura de la administración Biden.
De este encuentro se tienen grandes expectativas. El mandatario estadounidense se comprometió a duplicar los permisos H2, lo que permitirá el ingreso legal de 600 mil trabajadoras y trabajadores mexicanos, mientras que el presidente AMLO hizo lo propio respecto a una inversión de 1,500 mdd en infraestructura fronteriza.
Esperamos que estos acuerdos realmente se cumplan y marquen el rumbo de una integración regional, como mencionó el propio Presidente de México, sin hegemonías ni subordinación.
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