El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados presentó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo por el que pide citar a comparecer a los titulares de las secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana, Adán Augusto López y Rosa Icela Rodríguez, para que informen sobre la decisión de declarar a la construcción del Tren Maya como obra de seguridad nacional.
Indicaron que exigirán a los funcionarios que expliquen las previsiones a ejecutar para resguardar el ecosistema, la biodiversidad, los acuíferos y evitar impactos adversos sobre las especies de flora y fauna de la selva maya.
Los perredistas también censuraron el hecho de que, a pesar de que hay diversos amparos otorgados a organizaciones y activistas el Gobierno federal ha reanudado los trabajos en algunos puntos del Tramo 5 de este sistema de transporte.
«Este tramo», recordaron, «es el mismo por el que el pasado 30 de mayo, el Juez Adrián Fernando Novelo Pérez concedió una suspensión definitiva contra la planeación, construcción, desarrollo y acondicionamiento hasta en tanto el Gobierno no presente las pruebas que dieron origen al resguardo de dicho lugar».
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En la petición de acuerdo registrada ante la Permanente, el PRD expuso que «ante dichas suspensiones y la terquedad y empecinamiento del Ejecutivo Federal de terminarlo a finales del año próximo, el pasado 18 de julio, en sesión del Consejo de Seguridad, se determinó clasificar al Tren Maya como una obra de seguridad nacional en un intento por evadir la ley a fin de reanudar las actividades frenadas por un juez federal, y separando a Fonatur de la responsabilidad para delegarla a las Secretarías de Gobernación y de Seguridad”.
Esto, sostuvieron los perredistas simboliza una prueba de que la ley no se cumplió desde el inicio de la obra y sigue sin acatarse, ya que no se concluyeron los procesos judiciales a seguir tras las suspensiones.
Recordaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene pendientes por resolver acciones de inconstitucionalidad precisamente contra del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de noviembre de 2021, por el que el Ejecutivo Federal declara sus obras prioritarias de infraestructura como de seguridad nacional.
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Las problemáticas desatadas por dicha obra, aseveraron, son de diversa índole como las de materia de transparencia, costos y sobrecostos de la obra, pero principalmente las ligadas al impacto ambiental, con el ecocidio de miles de árboles talados para la construcción de vías y estaciones, lo que a su vez impactará sobre la fauna local y la calidad del aire.
“A largo plazo podremos observar las consecuencias referentes a la urbanización y las derivaciones que esto atrae, pues al tratarse de un plan regional, afectará de manera crítica las condiciones de vida de los pueblos originarios que ahí habitan y que han luchado y trabajado por la preservación de sus recursos y prácticas ancestrales. Ello sin contar que se multiplicará el impacto ambiental, pues los centros urbanos son los mayores emisores de contaminación.
“No estamos hablando solo de naturaleza, sino de pueblos originarios que serán arrasados”, advirtieron.
SLF
